La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza comienza el próximo lunes, día 17 de junio, un juicio contra cincuenta y nueve personas acusadas por el Ministerio Fiscal de los delitos de agrupación criminal, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. Se sentarán en el banquillo como posibles autores de más de 157 partes de falsos siniestros a seis compañías de seguros: Axa, Catalana, Plus Ultra, Reale, Zurich y Mapfre, realizados entre los años 2005 a 2012.

Las cantidades abonadas por las compañías de seguros a los 59 acusados, por los falsos partes presentados, asciende a 1.888.933 euros y a unos 12.141 euros lo cobrado por uno de los acusados en concepto de gastos de peritaje.

El juicio se va a celebrar en la sala número 3 (macro) del edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia (sala de vistas habilitada con conexión a la sala de prensa). El tribunal ha estructurado el juicio en un total de doce sesiones por lo que se prolongará hasta el día 10 de julio en jornadas de mañana y de lunes a miércoles, a excepción de la última semana en la que las sesiones serán todos los días.

Todas las sesiones, salvo modificaciones posteriores, darán comienzo a las 10:00 horas. Forman parte del tribunal juzgador los magistrados José Ruiz Ramo, Presidente de la sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y los magistrados de la misma sección, Mauricio Murillo y María José Gil.

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, considera que los hechos relatados en su calificación fiscal son constitutivos de un total de 68 delitos: un delito de agrupación criminal, 63 delitos de estafa (diez delitos de estafa agravada en cuantía superior a 50.000 euros, veinticuatro de estafa agravada en cuantía inferior a 50.000 euros y veintisiete delitos de estafa, y dos delitos continuados de estafa agravada en cuantía superior a los 50.000 euros), dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil, y dos delitos de blanqueo de capitales.

Para los principales encausados, Eduardo P.C. y Antonio B.R., el Ministerio Público solicita al tribunal un total de 11 años y seis meses de prisión para cada uno de ellos y multas de 500.000 y 200.000 euros respectivamente. Para el resto de los acusados solicita penas que oscilan entre los 3 y los 7 años de prisión y para todos ellos la responsabilidad civil para que indemnicen a las compañías de seguros en distintas cantidades.