La Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón ha avalado una orden de febrero de 2018 de la Consejería de Educación que establece la proporción concreta de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo (Acneaes) que debían matricularse cada año en los centros sostenidos con fondos públicos.

El conflicto se originó en 2011 cuando la asociación de padres y madres de un colegio de Huesca presentó un recurso contra la orden de escolarización de ese año por entender que incumplía la obligación de distribuir de forma equilibrada y proporcionada a los alumnos con necesidades especiales en los colegios públicos y concertados. A partir de ese año, se han venido dictando sucesivos autos y requerimientos judiciales instando a la Administración a cumplir con lo estipulado en el fallo –que daba la razón al AMPA- pues los tribunales entendían que las posteriores órdenes de escolarización seguían sin hacerlo.