La magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo de Teruel ha dictado dos sentencias en el proceso judicial abierto por el corrimiento de tierras que, en la madrugada del 18 de abril de 2017, se produjo en la ladera Pui Pinos de Alcañiz (Teruel) y que arrasó varias viviendas y cocheras. 

La magistrada declara como responsables solidarios de lo ocurrido al ayuntamiento de Alcañiz y a la empresa Servicios Integrales de Fincas Aragón S.L. y sus respectivas aseguradoras, y cifra en 1.367.000 euros la cuantía de las indemnizaciones para los 13 vecinos afectados. 

Una evidencia de inestabilidad del terreno –expone la magistrada- es la aparición de una grieta de importantes dimensiones, de varios metros de longitud, calificando el siniestro como “previsible, pues constituye una evidencia de la inestabilidad del terreno, obviada por el Ayuntamiento quien ante ella adoptó una actitud pasiva y negligente, dada la actuación de sus Técnicas municipales, con absoluta falta de atención y coordinación entre las Áreas de Obra y Medio Ambiente”.