Lo primero que debó decir de las declaraciones de la Consejera de Sanidad sobre la actuación de los tribunales en relación a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de Aragón, publicadas en un medio de comunicación este domingo, es que son graves y muy desafortunadas, en tanto transmiten a los ciudadanos aragoneses una imagen de enfrentamiento y malas relaciones entre el Poder Judicial y el Gobierno de Aragón que, además de erosionar las relaciones institucionales, ni se ajusta a la realidad, ni se corresponde con la función que a cada uno de los poderes le corresponde en un estado de derecho democrático.

Como he señalado en múltiples ocasiones, no existe ningún enfrentamiento con el Gobierno de Aragón, sino el legítimo ejercicio de las funciones del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en una época de gran dificultad para la actuación de ambos. En este tiempo de pandemia, cuando los tribunales resuelven sobre las medidas sanitarias, normalmente a petición de ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos, ni quieren gobernar, ni pretenden obstaculizar las medidas sanitarias, sino que ejercen la función constitucional que les corresponde de controlar la legalidad de la actuación del poder político y de la administración, sin otro mandato que el sometimiento a la ley y con total independencia y autonomía.

Esta función es especialmente relevante en tiempos de crisis o emergencia como los actuales, en los que los gobiernos adoptan severas medidas que conllevan la suspensión o limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos que no pueden quedar sin control.

Pero, sin duda, lo más grave de las declaraciones es la atribución de móviles espurios a los jueces, afirmando que resuelven por motivos ideológicos, hasta el punto de considerar evidente que se trata de “unos jueces de derechas que resuelven en contra de un gobierno de izquierdas”. Además de no ser cierta la afirmación, puesto que los jueces no resuelven por criterios políticos o ideológicos, sino estrictamente jurídicos y de legalidad, sorprende que la Consejera de Sanidad sea capaz de atribuir una concreta filiación política a los integrantes de los tribunales que, por otra parte y como todos los ciudadanos, tienen, legítimamente, sus propias y variadas creencias e ideologías, sustraídas al control de los poderes públicos, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional, lo que no les impiden juzgar con plena independencia e imparcialidad.

Estas declaraciones perjudican gravemente la confianza que los ciudadanos tienen en el Poder Judicial y, por ende, en el conjunto de las instituciones de nuestra democracia. La deslegitimación de las instituciones con la consiguiente pérdida de la confianza de los ciudadanos constituye uno de los mayores riesgos para las democracias en esta época gravemente polarizada, y puede abrir el camino a sistemas de gobierno de baja calidad democrática.

No obstante, las disculpas públicas que me ha transmitido personalmente la Consejera Sira Repollés -hechas públicas después- me llevan a considerar sus declaraciones como unas palabras poco reflexionadas en el contexto de gran tensión que genera tener que gestionar la aplicación de las medidas sanitarias de lucha contra la pandemia, cuya dificultad y complejidad comprendemos perfectamente.
No quiero terminar sin reiterar que no existe ningún enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Gobierno de Aragón, sino un respeto mutuo, y que los jueces colaboraremos siempre con el resto de los poderes e instituciones, ejerciendo lealmente nuestra función constitucional, para ayudar a superar estos difíciles momentos que todos estamos viviendo.