Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Ante las manifestaciones realizadas por la Consejera de Educación, Mayte Pérez, en relación a las recientes medidas cautelares adoptadas por los juzgados de los Contencioso Administrativo de Zaragoza ordenando a la Administración la inclusión de las plazas escolares excluidas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón quiere manifestar que:
- Las medidas adoptadas por los magistrados son medidas cautelares, esto es, medidas adoptadas con urgencia para salvaguardar los derechos de todas las partes en litigio y para evitar que se pueda lesionar, de forma irreversible, un derecho tan fundamental como es el de la libertad de educación.
- Que las cautelares son medidas ordinarias que se adoptan en cualquier proceso.
- y que los magistrados han expresado, reiteradamente, en sus autos que las medidas cautelares acordadas tienen vigencia hasta que, por parte de la Consejera de Educación, se resuelvan los conciertos educativos ya que la decisión de excluir las unidades de los centros concertados no corresponde al Servicio Provincial de Educación, sino a la propia Consejera del Departamento.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón quiere recordar también, que según nuestra Constitución, todas las Administraciones Públicas están sometidas a la Ley y al Derecho y están obligadas a cumplir las resoluciones de jueces y tribunales, garantes de los derechos fundamentales y últimos intérpretes de nuestro ordenamiento jurídico.