En relación a las declaraciones realizadas por responsables políticos aragoneses, responsabilizando a los jueces y tribunales de lo Contencioso Administrativo de condicionar con sus resoluciones las actuaciones de la Administración Autonómica y Local, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón quiere recordar algunos principios básicos del Estado de Derecho:

1.- Conforme a la Constitución Española corresponde a los jueces y tribunales el control de la legalidad de la actuación de la Administración, sin que tal función constitucional deba ser considerada una intromisión. Antes bien, constituye una garantía esencial para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

2.- Los jueces resuelven según criterios jurídicos y de legalidad, y no por razones ideológicas o de oportunidad. Por ello, la crítica de las resoluciones judiciales, perfectamente legítima, debe efectuarse con esos mismos criterios, evitando etiquetar el trabajo judicial apelando a estándares ideológicos o políticos. Con este tipo de conductas lo único que se consigue es introducir dudas sobre la legitimidad de las resoluciones judiciales.

3.- No debería olvidarse – especialmente por aquellos que ostentan cargos públicos- que una Democracia se sustenta en un delicado equilibrio de poderes. La deslegitimación de cualquiera de ellos afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en el conjunto del sistema democrático. Y por ello, todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos actuar con altura de miras, pensando en el bien común y no en los propios y coyunturales intereses, evitando trasladar a los tribunales la contienda política.

Consciente de la importancia que estos temas tienen, tanto para los ciudadanos como para las instituciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hace una llamada a la reflexión y al sosiego a los representantes públicos para que los magistrados puedan continuar realizando su mandato constitucional de velar por el cumplimiento de la legalidad.