Un año más analizamos la situación actual de la justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Con ello se responde a la previsión del artículo 152.1.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuando recoge la elaboración de la Memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, con expresión detallada del número y clase de asuntos iniciados y terminados por cada Sala, así como de los que se hallaren pendientes, precisando el año de su iniciación, debiendo contener la Memoria, en todo caso, la indicación de las medidas que se consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas.

Durante el ejercicio 2012 apenas ha variado el volumen global de registro (un 0,4% en relación con el 2011). Las cifras que luego examinamos con detalle vuelven a reflejar un alto porcentaje de litigiosidad, en concreto 1.916.065 asuntos registrados, número muy similar al del pasado año. Por tanto, la actual coyuntura económica, entre otras razones, se sigue notando con intensidad en los datos de justicia, como es línea habitual desde 2007.

Por órdenes jurisdiccionales, destaca la jurisdicción contencioso-administrativa que ha tenido un 25% menos de volumen de ingreso de asuntos que el año anterior, mientras la jurisdicción civil y penal se mantienen con un ligero ascenso, siendo más elevada la tasa de ingreso relativa a la jurisdicción social (un 5%). Los procedimientos penales suponen un año más el 77% del total, que se corresponde con tres cuartas partes de los asuntos registrados, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción sigue siendo una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador. En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 4%) y contencioso administrativa (un 2%), mientras que la jurisdicción civil supone un 17% del total de asuntos ingresados.

En cualquier caso, seguimos con una tasa de ingresos demasiado elevada. No se puede asumir resignadamente un número cercano a los dos millones de asuntos a nivel andaluz (en torno al 20% de la geografía española) como una cifra razonable y sostenible. En este sentido, tomando como referencia los últimos datos publicados en el INE sobre población andaluza, tenemos una tasa de litigiosidad en Andalucía de 226,5 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, por lo que, mucho nos tememos, seguirá siendo, un año más, la más alta de España, por delante de Madrid y la Comunidad Valenciana, por este orden. Recordemos que en el año 2011 fue de 226,2 asuntos, en el año 2009 alcanzó la cifra de 204,7 y en el año 2008 suponía la cifra de 196 (en Francia se situaba en torno a los 120 asuntos, en Italia 100, en Alemania 75 y en Reino Unido 50).

La tasa de resolución ha sido del 1,01 en el año 2012, lo que  indica que los órganos judiciales andaluces se sitúan en un nivel de productividad bueno, ya que se han resuelto en todos los órdenes jurisdiccionales más asuntos de los ingresados, por lo que la pendencia a final de año ha disminuido ligeramente, lo cual se puede interpretar como una mejora en la situación del conjunto de las jurisdicciones.

Ahora bien, el problema lo constituye nuestra tasa de congestión, relaciona la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), con los asuntos que se resuelven, lo que significa realmente que la valoración final no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes con la actual planta judicial.

Por tanto, un año más, el tiempo nos sigue ganando la partida y se erige en uno de los principales problemas en materia de justicia, tal y como lo exteriorizan distintas encuestas al expresar abiertamente que las dilaciones constituyen la preocupación del 78% de los españoles encuestados. Esta realidad, no sólo percepción ciudadana, conlleva pérdida del poder disuasorio de la justicia y que se resienta la confianza de la sociedad hacia uno de sus pilares básicos. Se dice, con razón, que “las dilaciones indebidas suponen un empobrecimiento democrático incuestionable” y revelan que los poderes públicos se siguen mostrando, hasta el momento, claramente incapaces de ofrecer una solución definitiva y sostenida en el tiempo.

En esta línea, ningún avance se ha producido durante el año 2012 en materia de administración de justicia. Seguimos con iguales problemas y mensajes reflejados en años anteriores. No ha comenzado la modernización real y transformación radical de la justicia ni se han recogido, mínimamente, las demandas exteriorizadas en las dos Memorias Anuales anteriores, que mantienen plena vigencia y actualidad.

Asimismo, la problemática jurídico-social ha sido prolija durante el año 2012, fruto de la importante crisis económica y su incidencia, cada vez mayor, en personas de carne y hueso con una triste historia detrás. La trascendencia que todo ello comporta tiene un reflejo directo e inmediato tanto en la carga de trabajo de los órganos judiciales como desde una perspectiva sociológica, al mostrar la realidad social existente, plena de “desgarradores” problemas cotidianos (desahucios, procesos de reclamación de cantidad e impagos, ejecuciones civiles, insolvencias y situaciones concursales, despidos, etc.). Por ello, la consideración de este efecto tiene interés no sólo con la finalidad de adoptar medidas para mitigar el impacto que genera en el funcionamiento de los órganos judiciales, sino también para el ejercicio de la jurisdicción y el compromiso del juez con el reequilibrio de los derechos e intereses que confluyen en cada proceso.

De todas estas cuestiones nos ocuparemos seguidamente al hacer el balance judicial del año 2012, al tiempo que se valoran también diversas inquietudes y perspectivas.