La titular del Juzgado Primera Instancia e Instrucción 3 de Vélez-Málaga ha decidido continuar la tramitación de las diligencias previas 3164/2008 por los trámites de procedimiento abreviado por si los hechos imputados a 51 personas, entre ellas el ex alcalde de Alcaucín J.M.M.A., fueran constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, falsedad en documento público, contra la ordenación del territorio y cohecho. Además, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de 18 personas.

El Juzgado ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

El objeto del presente procedimiento lo constituyen diversas actuaciones con relevancia penal, que en el ámbito urbanístico se vinieron desarrollando en el municipio de Alcaucín, después de que J.M.M.A fuera elegido como alcalde en 1991, y hasta 2009, año en el que presentó su dimisión tras ser detenido.

A través de las declaraciones prestadas tanto por trabajadores del Ayuntamiento como por promotores y otros testigos, ha quedado indiciariamente acreditado que J.M.M.A. era quien adoptaba todas las decisiones municipales en materia urbanística, gran parte de ellas sin recabar los preceptivos informes jurídicos y técnicos.

Los principales imputados en esta causa, además del citado, son P.G.A., asesor urbanístico con despacho profesional abierto en Alcaucín, que a pesar de carecer de título, era considerado por sus clientes como abogado, y J.F.M.L., arquitecto colegiado y funcionario del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, sin olvidar la relevancia de la actuación pasiva y negligente del secretario del Ayuntamiento, E.R.M.C., persona responsable de velar por el respeto a la legalidad en la actuación administrativa municipal.

Mediante el dictado de resoluciones contrarias a la normativa urbanística, por parte del alcalde de Alcaucín  se autorizó la parcelación y urbanización del suelo clasificado como no urbanizable y la realización de cientos de construcciones contrarias a la normativa urbanística. Por medio de informes y certificados falsos, emitidos por distintos imputados, se trató de dar apariencia de legalidad a las licencias y a las construcciones, siendo utilizados para alterar el contenido de la base de datos del Catastro y del Registro de la Propiedad.

Además, existen indicios fundados de que, como contraprestación o recompensa por la realización de estas actuaciones de carácter delictivo, se exigió dinero por parte de distintas autoridades o empleados de organismos públicos tales como J.M.M.A., el arquitecto del la Diputación Provincial J.F.M.L. o trabajadores de Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial y de la Gerencia Territorial de Catastro.

A P.G.A. se le atribuye  un papel fundamental por ser la persona que, conocedor de las debilidades del sistema por su dedicación profesional, ideó la mayor parte de actuaciones tendentes a la ocultación de la ilegalidad de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en el municipio.