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La Sala de lo Civil y Penal revoca la condena de 18 meses de prisión por un delito de hurto y en su lugar lo condena a tres años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha elevado de 24 años y medio a 26 años y medio de cárcel la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla al hombre acusado de asesinar y robar a otro varón de 37 años de edad en el mes de febrero de 2024 en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa de la capital hispalense tras dispararle con un arma de fuego para la que carecía de licencia, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.
En la sentencia, el TSJA estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó al acusado a veinte años de prisión por un delito de asesinato; a dieciocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas; a otros dieciocho meses de cárcel por un delito de hurto, y a dieciocho meses de prisión por un delito de falsedad documental, concurriendo la agravante de reincidencia -ya fue condenado con anterioridad por un delito de homicidio, entre otros- y la atenuante de drogodependencia, así como a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con un total de 395.000 euros a la familia de la víctima.
Asimismo, la Audiencia condenó a cuatro meses de prisión a una mujer por un delito de encubrimiento con las atenuantes de drogodependencia, incompleta de miedo insuperable y colaboración en el esclarecimiento de los hechos, así como a que indemnice con 3.000 euros a los familiares del fallecido por los daños morales infligidos. Por último, absolvió al varón que fue enjuiciado por un delito de tenencia ilícita de armas después de que el jurado popular lo declarase no culpable de dicho delito.
Así, el TSJA revoca parcialmente la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en el exclusivo extremo de dejar sin efecto la condena de 18 meses de prisión por un delito de hurto y condenar al principal acusado en su lugar a tres años y seis meses de cárcel por un delito de robo con violencia, según recoge la sentencia dictada el día 16 de noviembre y contra la que cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En su veredicto, el jurado declaró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 16,00 horas del día 18 de febrero de 2024, cuando el principal acusado acudió conduciendo su vehículo a una calle de la capital donde vivía la víctima, “con quien habitualmente colaboraba, trasladándolo en su vehículo para realizar operaciones relacionadas con las drogas, portes por los que recibía una cantidad de efectivo y en los que de forma habitual les acompañaba” la mujer condenada.
De este modo, y según recogía la sentencia de la Audiencia, el principal condenado, “por razones desconocidas, tenía tomada la decisión de terminar con la vida” de la víctima el día 18 de febrero de 2024, y “a tal efecto disponía -pese a no tener licencia de armas- de un arma de fuego tipo pistola (...) que había adquirido previamente, y al recoger” al fallecido en su domicilio “dispuso la forma de sentarse en el vehículo para facilitar después su propósito”.
Así, el acusado dispuso que la víctima se sentara en el asiento del copiloto y la acusada justo detrás del conductor “y no en el lado derecho como solía ser habitual, pues en ese lugar había ocultado bajo un chaquetón el arma de fuego que iba a utilizar”.
El acusado sustrajo dinero a la víctima
El jurado consideró probado que la muerte de la víctima “la causó” el principal acusado, quien, “durante el trayecto, paró el vehículo” en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa “y con la excusa de que se había encendido una luz del coche, se bajó del mismo, lo rodeó, abrió la puerta trasera derecha y disparó por detrás” en la cabeza a la víctima “con la intención de terminar con su vida”, tras lo que volvió a subirse al coche y condujo unos metros hasta volver a parar, “abriendo la puerta delantera derecha y sacando el cuerpo” del fallecido, “que colocó en el suelo y dejó allí tras quitarle con ánimo de enriquecerse todos los efectos que llevaba encima en un bolso que portaba, llegando a vaciarle los bolsillos del pantalón”.
Según el veredicto del jurado, el acusado, “tras marcharse del lugar y en el trayecto, arrojó a la vía pública el bolso vacío que portaba” la víctima, “apropiándose de los aproximadamente 1.050 euros en efectivo que se encontraban en su interior”, conduciendo hasta una gasolinera “donde intentó limpiar el vehículo de las manchas de sangre que tenía en su interior (...)” y dejando a la acusada en la barriada de las Tres Mil Viviendas, “dándole cincuenta euros en efectivo y diciéndole que no contara nada de lo sucedido”.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla añadía que, durante las horas siguientes, los familiares del fallecido “contactaron” con las dos personas condenadas “para intentar conocer el paradero” de la víctima, “contestando” el principal acusado “que lo desconocía, llegando incluso a disimular llevando en su vehículo a varios familiares para buscarlo en zonas donde pudiera encontrarse, pese a ser conocedor de que lo había matado esa misma tarde”.
El varón agredido, que aún vivía cuando abandonaron su cuerpo, falleció sobre las 16,45 horas del día 18 de febrero de 2024 a causa del impacto del proyectil, “habiéndose realizado el disparo” por el condenado “a corta distancia (...), de forma sorpresiva y sin que tuviese ocasión de defenderse; siendo casi inmediatamente localizado por varios transeúntes que paseaban por la zona y avisaron a urgencias pero no pudieron salvarle”.
El jurado, igualmente, consideró probado que, “para evitar ser localizado y dificultar su identificación por las cámaras de tráfico”, este acusado “manipuló las dos placas de matrícula de su vehículo”.
Respecto a la mujer acusada, el jurado declaró probado que “era ajena al propósito” del condenado de matar a la víctima cuando los tres se subieron al coche “para ir a realizar una transacción, pero después de que le sorprendiese el disparo, no dio inmediatamente parte a las autoridades, ni a los familiares” del finado, “sino que guardó silencio durante las primeras horas callando lo sucedido por temor y ocultando la responsabilidad” del investigado, “confesando los hechos sólo cuando fue requerida por la Policía, después de que apareciese y se identificase el cuerpo”.
En este sentido, y según la sentencia, la investigada, “en las horas inmediatamente posteriores a la muerte” de la víctima, “no desveló lo sucedido por temor a las represalias” del condenado, mientras que, “tras haber guardado silencio durante las primeras horas, colaboró después activamente en el esclarecimiento de la muerte”.
Rechaza el recurso del condenado
La Fiscalía recurrió la sentencia de la Audiencia de Sevilla ante el TSJA y solicitó que el principal acusado fuera condenado a cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia. En este sentido, el TSJA indica que, según los hechos probado de la sentencia, “el móvil del robo como propiciador del asesinato no ha quedado acreditado ni se discute”, de forma que “consideramos del factum descrito que la sustracción ilícita y con ánimo de lucro se produce de forma secundaria al asesinato, y con ocasión del mismo, aprovechando el estado moribundo” de la víctima, pues “no olvidemos que cuando abandonan su cuerpo estaba aún con vida, pero sin posibilidad alguna de actuación”.
El TSJA analiza distintas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que son “aplicables” a este procedimiento, como por ejemplo una sentencia dictada en un caso de agresión sexual que deriva en robo, donde se afirma que “la violencia admite continuidad y que modificar la dirección inicial (de lo sexual -o del ataque contra la vida en este caso- a lo patrimonial) no impide la calificación de robo, pues la violencia fue el medio facilitador”, mientras que también alude a una segunda sentencia del Supremo que “subraya que lo que diferencia al hurto del robo es la desaparición de la capacidad de reacción de la víctima para defender sus bienes debido a la violencia previa”.
Al hilo, el TSJA explica que, “para que el aprovechamiento de una violencia previa se califique como robo, deben concurrir dos factores: el primero se refiere a la inmediatez y así se dice que debe existir una proximidad temporal y espacial clara entre el acto violento y la sustracción. Si hay una ruptura temporal significativa, la relación de causalidad se pierde. En segundo lugar, la funcionalidad, de tal modo que el autor debe ser consciente de que la situación de la víctima le permite robar sin oposición”.
Además, “sobre si la muerte de la víctima antes de la sustracción convertía el acto en un simple hurto, bajo la premisa de que no se puede ejercer violencia “contra” alguien que ya no tiene voluntad, el Tribunal Supremo rechaza esta posición porque el Código Penal no define el robo como una acción “contra” la voluntad, sino como el acto de “emplear” violencia”, y en segundo lugar “porque el robo existe con independencia del estado de la víctima, o lo que es lo mismo, resulta irrelevante si la violencia neutralizó totalmente la defensa (muerte) o solo la minoró”.
Por todo ello, el TSJA considera que, en el caso analizado, “parece irrefutable la tipificación de los hechos probados como delito de robo con violencia al aprovecharse” el acusado de las consecuencias de su acción contra el fallecido “para llevar a cabo el acto de desapoderamiento patrimonial”. “La acción de apoderamiento se produce muy pocos momentos después de la causación de la muerte violencia, concurriendo pues una proximidad temporal y esencial clara entre el acto violento y la sustracción, y concurriendo el requisito de la funcionalidad, pues la violencia previamente ejercida es eficaz e instrumentalmente adecuada y sirve a los fines ulteriores del apoderamiento, lo que permite la aplicación del tipo del robo posterior al asesinato”, argumenta el TSJA, que condena al acusado a tres años y medio de cárcel por el delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia y la atenuante de drogodependencia.
La defensa del principal acusado también recurrió la sentencia de la Audiencia de Sevilla y pidió la absolución de su patrocinado por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, pero el TSJA desestima íntegramente este recurso, ya que “el examen conjunto de los indicios tenidos por acreditados (...) anteriores, coetáneos y posteriores a la muerte” de la víctima “conducen inexorablemente a la determinación de la autoría y la participación” del recurrente, “y así lo ha apreciado el jurado y se limita a reproducir la magistrada presidente, concluyendo coherentemente la solución condenatoria, valorando de forma razonable las pruebas practicadas a su presencia (principio de inmediación)”.
“No consideramos pues vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ni tampoco el principio in dubio pro reo, interpretado a la luz del derecho constitucional de presunción de inocencia, y que no tiene sólo un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato, cual es el de no afirmar hecho alguno que pudiera dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se albergan dudas sobre su certeza”, afirma el TSJA, que concluye que “ninguna duda al respecto se ha planteado el Tribunal del Jurado, que aprobó por unanimidad las proposiciones fácticas que llevaron al relato de hechos probados y a la condena sin que, como se ha dicho, exista error en la valoración de la prueba”.