Los jueces de Cádiz colaborarán con los servicios municipales para prestar ayuda y asistencia a las personas que puedan verse privadas de sus viviendas en procedimientos de desahucios. Los jueces se comprometen a facilitar información al Ayuntamiento siempre que conste el consentimiento de las personas afectadas. Esta comunicación, en ningún caso, puede suponer la suspensión o paralización en la tramitación de los procedimientos judiciales, que necesariamente han de seguir los trámites procesales
legalmente previstos.

Los jueces de Cádiz, a través de su decano, Pablo Sánchez, han firmado hoy un Protocolo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de esta ciudad y el Decanato de los Juzgados de Cádiz. Con la firma del mismo por los Juzgados de Cádiz se asume el compromiso de colaborar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, concretamente con la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda para que las personas afectadas que puedan verse privadas del uso de su vivienda como consecuencia de un procedimiento
judicial seguido al efecto, puedan verse beneficiadas por el asesoramiento y ayudas que puedan percibir por parte dichos servicios municipales.

Para que se pueda producir dicha colaboración, será necesario, en todo caso, el consentimiento expreso de las personas afectadas para que los datos personales que consten en el expediente judicial puedan ser trasladados a los servicios municipales. Dicha circunstancia deberá constar en forma escrita por las persona afectadas, pues en otro caso, no se podrá dar traslado de las actuaciones judiciales a los servicios municipales.

La firma del Protocolo se enmarca dentro de la intención de colaborar con los servicios municipales para que puedan prestar la ayuda y asistencia necesaria a aquellas personas que por circunstancias principalmente de índole económica, pueden verse privadas del uso de su vivienda habitual, y a tal fin se asume el compromiso de informar a dichos servicios con la mayor prontitud de la existencia del procedimiento (insistiendo en que siempre que conste el consentimiento escrito de las personas afectadas) pero sin que ello pueda suponer la suspensión o paralización en la tramitación de los procedimientos judiciales, que necesariamente han de seguir los trámites procesales legalmente previstos.