La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide a la Consejería de Justicia e Interior que corrija de manera urgente la deficiente situación de los Juzgados de Torrox, tanto en lo que se refiere a cumplir las disposiciones legales vigentes sobre accesibilidad como a dotarlos de las infraestructuras necesarias para “el adecuado ejercicio de la función judicial, lo que, a su vez, comporta prestación de un servicio público en condiciones dignas para los ciudadanos”.

La Sala de Gobierno ya mostró su preocupación en el año 2015 por la situación del edificio de los Juzgados de Torrox, donde se ubican los dos juzgados mixtos de la localidad malagueña. Este pronunciamiento se produjo después del derrumbamiento parcial del falso techo en la estancia contigua a la oficina civil. La Sala de Gobierno comunicó entonces la deficiente situación del edificio, debido tanto a su gran antigüedad como a su mal estado de conservación, que se agudiza en los períodos de invierno y lluvia.

A principios de 2016, la Sala de Gobierno volvió a recordar la problemática de este edificio judicial después de que se tuviera que suspender la declaración testifical de una persona impedida. En este caso, la Sala de Gobierno volvió a comunicar la situación a la Consejería, ya que la problemática derivaba de “una vulneración de la normativa relativa a barreras arquitectónicas”, aspecto al que se ha hecho especial mención en las dos últimas Memorias.

Entre las principales deficientes del edificio de los Juzgados de Torrox, que fue visitado por el Presidente del TSJA la semana pasada para visualizarlas directamente, se encuentran las humedades en toda la planta baja del edificio; la situación del archivo, que se encuentra apuntalado para evitar la caída del techo; la ausencia de calabozos, por lo que los detenidos tienen que esperar en la sala de vistas o, si hay juicios, en los pasillos; el despacho de la fiscalía, que se encuentra inutilizado por una gran humedad con abombamiento; o la falta de ascensor, lo que ha provocado que las actuaciones judiciales a personas con movilidad reducida, o de avanzada edad, tenga que realizarse en los aparcamientos de la zona.