La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una reunión telemática celebrada ayer, 1 de abril, ha constatado una “importante reducción del personal funcionario en régimen presencial” a consecuencia tanto de la Resolución del Ministro de Justicia de 30 de marzo de 2020 como de la posterior Instrucción 2/2020 de la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal por la que se establece el régimen de cobertura a prestar en los servicios esenciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según la Sala de Gobierno, estas instrucciones implicaron “un régimen presencial muy limitado” de funcionarios “que no permite asegurar ni garantizar la debida prestación de los servicios esenciales que han sido determinados, singularmente en grandes partidos judiciales del ámbito territorial de este Tribunal Superior en los que existe un elevado número de órganos jurisdiccionales, jurisdicciones separadas y especializadas y sedes no unificadas”.

Esta insuficiente presencia de funcionarios en los órganos judiciales no asegura el conocimiento inmediato y la coordinación de las actuaciones de registro, reparto y decanato, así como la calificación de los asuntos urgentes y esenciales para su traslado, a la mayor brevedad, a los correspondientes jueces y funcionarios en régimen de disponibilidad.

La propia Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial puso de manifiesto estas dificultades en su reunión del pasado 31 de marzo tras la aplicación de la mencionada Resolución ministerial que pretendía adaptar la cobertura de los servicios esenciales en materia de justicia al Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo.

Siguiendo las indicaciones dadas desde el CGPJ, la Sala de Gobierno acordó por unanimidad mostrar su preocupación a la Comisión de Seguimiento COVID-19 constituida en el seno de este TSJA y a la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, interesando que, “a la mayor urgencia, se adopten las decisiones oportunas que palíen o minimicen estas dificultades y, en su caso, el establecimiento de una dotación presencial de funcionarios que garantice la prestación de tales servicios esenciales y urgentes”.