El TSJA insta a la Consejería de Justicia a la dotación de medios personales y materiales al juzgado del caso Astapa

Da traslado a la Unidad de Apoyo a la Causas de Corrupción del CGPJ para que requiera a las administraciones la remisión de los informes pendientes

Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia ha acordado por unanimidad instar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para que dote al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, que instruye el caso Astapa, de los medios personales y materiales necesarios para la agilización de dicha causa.

En el acuerdo de la Sala de Gobierno se insta a la Consejería a “la urgente puesta a disposición del Juzgado de los medios personales y materiales idóneos para el escaneo de la documentación existente en el procedimiento de Diligencias Previas 1030/2007, en el plazo más breve posible, con el fin de facilitar el manejo del procedimiento, su estudio y análisis judicial, así como ulteriores fases de traslado a las partes”.

Con este acuerdo la Sala de Gobierno responde a la petición del Juez de Adscripción Territorial que hasta el momento era el titular del Juzgado y que continuará en el mismo como sustituto hasta la cobertura de la plaza por su titular. En su escrito, el juez señalaba la necesidad de medios para el caso Astapa, especialmente de medios técnicos y personales para el escaneo de la ingente documentación de esta causa.

Además, la Sala de Gobierno pone en conocimiento de la Unidad de Apoyo a las Causas de Corrupción (UACC), creada por el Consejo General del Poder Judicial, “los déficits puestos de manifiesto por el Juzgado de instrucción y constatados en la visita de inspección realizada por esta Presidencia a fin que, en su caso, se inste a la Administración prestacional la más rápida adopción de medidas correctoras y de refuerzo”.

La Sala de Gobierno ha constatado, de acuerdo con las conclusiones de la referida visita de inspección, que el denominado caso Astapa, que afecta a más de 100 personas investigadas y supera los siete años de instrucción, quedan todavía pendientes 30 informes sobre irregularidades en expedientes de disciplina urbanística, 7 informes de contenido patrimonial en cargados a peritos de Hacienda, así como dos informes policiales que se demoran desde hace años, por lo que “se acuerda dar traslado a la indicada UACC a efectos de que se valore la necesidad de requerir a las Administraciones competentes la urgente remisión de tales dictámenes periciales y documentación pendientes en dicho procedimiento”.