El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Javier Hernández ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija (Sevilla) que decida, a la mayor brevedad, sobre la solicitud de la pareja del diputado del Grupo de Unidas Podemos Miguel Ángel B.M. de que se dicte para ella una orden de protección respecto al parlamentario, al que ha denunciado por maltrato habitual. 

En una providencia, Hernández, como magistrado ponente del asunto, destaca que, mientras el Supremo decide sobre la competencia de la causa, el Juzgado de Écija sigue siendo el competente, por lo que debe resolver rápidamente sobre la pretensión de protección. Para ello, ordena remitir las actuaciones a dicho Juzgado por el conducto más rápido posible, adelantando por correo electrónico testimonio de las mismas. 

“Ningún incidente competencial puede justificar una ausencia de respuesta jurisdiccional en tiempo oportuno sobre la procedencia o no de adoptar medidas de protección a favor de aquellas personas que aparecen como afirmadas víctimas de los hechos justiciables”, señala la providencia. 

La resolución explica que el Supremo ha recibido del Juzgado de Écija las diligencias incoadas por la denuncia de la mujer, “y pese a que la remisión no ha venido precedida de la correspondiente memoria explicativa, sin que quepa una suerte de remisión inhibitoria directa del órgano de instancia al Tribunal Supremo”, ante el objeto del proceso y los deberes de especial celeridad que se derivan del mismo, se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia del Supremo para conocer de la causa.