La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado una pena de ocho meses de prisión, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años para el exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez Capdevila, por delito de negociación prohibida a funcionarios, en relación al caso de la depuradora de Borriol.

El Supremo rechaza los recursos tanto de Martínez Capdevila como de la Fiscalía, y ratifica íntegramente el fallo de la Audiencia de Castellón, que condenó al exvicepresidente de Castellón y absolvió a los otros cinco acusados: dos hijos de Martínez Capdevila, el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría Blasco, un empresario y un empleado de éste último.