La Sala II del Tribunal Supremo ha reducido de 4 años y 7 meses de prisión a 3 años la pena impuesta a Casto B.M. por delito de falsedad en documento mercantil y público en concurso con un delito de prevaricación, cometidos en 2012 cuando era Jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura.

La reducción de la pena de prisión, en relación a la impuesta en diciembre de 2019 por la Audiencia de Las Palmas, se realiza en aplicación de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, explica el Supremo, que mantiene inalterada, por su parte, la pena de 4 años y 2 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta al acusado, tiempo durante el cual no podrá ostentar o acceder a la condición de funcionario del Cabildo de Fuerteventura ni cualquier cargo electo en la misma entidad. Asimismo, por los mismos delitos deberá pagar una multa de 1.800 euros.

El Supremo también mantiene la condena a Casto B.M. por un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, a la pena de diez meses multa con una cuota diaria de diez euros (un total de 3.000 euros) y suspensión para cualquier empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura durante dos años y tres meses,

En la misma sentencia, se desestiman los recursos de Rafael B., sobrino del anterior y administrador de derecho de una empresa que de hecho gestionaba el primero, condenado por un delito de prevaricación a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura, y de José Jesús G.S., condenado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil, a la pena de seis meses de prisión y seis meses multa, con una cuota diaria de diez euros.

Casto B.M.  y Rafael B. tendrán que indemnizar al Gobierno canario con 9.000 euros de la subvención concedida para sufragar un tractor que no llegó a comprarse.

Según los hechos probados de la sentencia, Casto B.M. desempeñó a la vez el puesto de jefe de Agricultura y Ganadería del Cabildo, siendo responsable de las concesiones de subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) , y el cargo, primero, de administrador único de la entidad mercantil Microtón Fuerteventura, S.L., y después, desde 2012, de administrador de hecho de la entidad Servicios Agrarios Capraria, S.L., entidad sucesora de la anterior en la que el administrador único es su sobrino, a sabiendas de la manifiesta incompatibilidad entre ambas actividades y de la ausencia de respaldo legal alguno.