La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid celebra a partir del próximo lunes 12 de junio, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Jesús Bárcenas, Jesús Terciado, José Alberto González, José Manuel Vilar y Gonzalo Garnica por la supuesta comisión de un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de apropiación indebida. Bárcenas y Terciado responden como autores, mientras que los otros tres acusados lo hacen como cooperadores necesarios. No obstante, el Ministerio Público solicita para todos ellos una pena de cuatro años de prisión y una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros.

Tal y como recoge la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, la cantidad detraída a CEPYME asciende a 1.221.110 euros, cifra que supuestamente se sustrajo de las arcas entre junio de 2009 y octubre de 2012 cuando Bárcenas primero y Terciado después fueron presidentes honoríficos, un cargo sin derecho a retribución salvo el reembolso de los gastos y dietas acreditados para su actividad. Cuando alcanzó la presidencia, Bárcenas nombró a Vilar Martínez secretario general. Entre sus funciones tenía la contratación de servicios y asesorías técnicas, la llevanza “fiel” de los libros de contabilidad y la gestión administrativa y contable.

Pues bien. De común acuerdo, Bárcenas y Vilar, ocultándoselo a los órganos colegiados, acordaron dotar de un sueldo al presidente de la patronal, y para ello hicieron varias cosas. Primero formalizaron el alquiler de un coche de alta gama por 5.365 euros al mes, dándose la circunstancia de que la empresa arrendadora del automóvil era del propio Bárcenas, quien de esta manera accedía a la importante partida, que cobraba a su libre designación; y en segundo lugar percibiendo un sueldo de 5.500 euros brutos mensuales, sin control alguno, y sin que esta partida constara como tal en los libros de contabilidad y sin que contara con el permiso de la Asamblea General ni de ningún organismo colegiado, como se prevé en los artículos 40 y 50 de sus Estatuto Orgánico. Estos gastos se documentaron mensualmente como “gastos de representación”, con independencia de los gastos de representación que respondían a esa partida.

Cuando Terciado Valls alcanzó la presidencia en junio de 2012 mantuvo la estrategia de un presidente que elige a un secretario general que obedece al presidente, para seguir remunerando con un sueldo a éste último. Sin apoyarse en los estatutos, que nada preveían, ni en el comité ejecutivo ni en la Asamblea General, hasta octubre de 2012 derivó, con la ayuda del secretario general, dos partidas a través de dos empresas de su propiedad que por su actividad relacionada con la topografía nada hacían en beneficio de CEPYME: una de las partidas fue de 314.167 euros y la otra de 416.320, dinero que acabó en las arcas de Terciado. Para enmascarar estas partidas, Vilar primero y González después las hicieron constar como “asesoramiento y consultoría”.

En octubre del año 2012, siendo presidente Jesús Terciado y secretario general Gonzalo Garnica, decidieron crear otro artificio contable para justificar la remuneración presidencial. En esta ocasión, activaron lo que denominaron “contrato de alta dirección”, en el que se nombraba al “presidente como presidente”, y se le remuneraba con 140.000 euros anuales más dietas y tarjetas de crédito. La cantidad establecida se correspondía con la que venía percibiendo el anterior presidente. Con este artificio salieron de las arcas de CEPYME a favor de Terciado 306.243 euros.

Por otra parte, la Sección Séptima celebra los días martes y miércoles la vista oral del juicio contra Ramón Guillermo F. U y Ramón F. U. por los delitos de estafa y apropiación indebida, ambos continuados, por los que se enfrentan a una petición de pena de doce años de prisión. Siempre según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, los procesados, actuando en calidad de administradores de una empresa de gestión inmobiliaria y valiéndose de la condición de coronel del ejército español del primero de ellos, ofrecían a particulares a un precio inferior al de mercado viviendas supuestamente propiedad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas que iban a quedar libres y vacías. También, y dadas las buenas relaciones con el Ministerio de Defensa que decían tener, ofrecían viviendas del instituto armado que iban a salir en subasta. El coronel del Ejército actuaba junto con su hijo. Con estas artimañas lograron que una persona desembolsara más de 180.000 euros y otra 114.750.