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El curso, integrado en el Plan Territorial de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, analiza los criterios de autenticidad, integridad y valoración de evidencias electrónicas. Especialistas en identidad digital examinan el tratamiento jurídico de correos electrónicos, mensajes instantáneos, redes sociales y contratos electrónicos
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha acogido esta mañana la celebración del curso “La prueba digital, problemas procesales”, una actividad formativa integrada en el Plan Territorial de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial y dirigida a la actualización de conocimientos de la carrera judicial ante los desafíos que plantea la creciente digitalización de las relaciones jurídicas y sociales.
La jornada, dirigida por el magistrado Fernando Madrid Rodríguez, ha contado con las intervenciones de Salvador Tomás Tomás, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia, e Ignacio Alamillo Domingo, abogado y consultor especializado en transformación digital y servicios de confianza electrónica. Asimismo, ha colaborado en la actividad Julián Valero Torrijo, catedrático de Derecho Administrativo y director de la Cátedra Fundación Integra sobre Identidad y Derechos Digitales.
El curso ha abordado el tratamiento procesal de las evidencias digitales que con creciente frecuencia se incorporan a los procedimientos judiciales, entre ellas correos electrónicos, mensajes SMS, comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, contenidos publicados en páginas web o redes sociales, así como contratos formalizados por medios electrónicos.
Durante las distintas ponencias se han analizado las reglas que rigen la obtención, aportación, admisión, práctica y valoración de este tipo de pruebas, prestando especial atención a las garantías necesarias para acreditar su autenticidad e integridad. Igualmente, se han examinado los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico en materia de firma electrónica, servicios de confianza y certificación digital, así como los criterios técnicos y jurídicos aplicables cuando alguna de las partes impugna la validez o fiabilidad de la evidencia aportada.
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