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Los asuntos ingresados en la comunidad de Madrid descienden en 2025 un significativo 5,3 % como consecuencia de la aplicación de la nueva ‘ley de Eficiencia’, pero puede ser un efecto “puramente coyuntural”. El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, en la que ha sido su última intervención pública antes de tomar posesión como nuevo magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, desgrana los aspectos más relevantes de la actividad judicial en los juzgados y tribunales de la región durante la presentación de la Memoria del Alto Tribunal Madrileño correspondiente a 2025.
Los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones en los órganos de los veintiún partidos judiciales de la comunidad de Madrid en el ejercicio 2025 descendió un 5,3 por ciento debido, principalmente, a las novedades procesales introducidas con la aplicación de la denominada ‘Ley de Eficiencia’ (Ley Orgánica 1/2025); un significativo decremento que se registra tras una relevante secuencia de ejercicios en los que la tendencia fue siempre al alza, pero que puede significar un simple efecto coyuntural por la reforma.
En términos totales, se registraron en todas las unidades judiciales madrileñas 1.184.151 asuntos en todo 2025 frente a los 1.250.358 de 2024, lo que supone el citado decremento del 5,3 por ciento. Los asuntos resueltos, sin embargo, experimentaron un leve ascenso del 0,2%, pasando, en términos generales, de 1.123.270 a 1.125.798. Por su parte, los asuntos pendientes crecieron de forma significativa un 10,4 por ciento y subieron de 747.414 a 825.114.
Como cada año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha abordado los aspectos fundamentales de la Memoria en un encuentro mantenido en el salón de actos del propio tribunal ante un significativo número de representantes de los medios de comunicación, quienes, con posterioridad, han tenido la oportunidad de realizar las preguntas que han deseado para su mejor conocimiento de los datos contenidos del documento que resume la actividad de los juzgados madrileños, así como de otros asuntos de la actualidad.
Respecto de la implantación de la ‘ley de Eficiencia’, eje nuclear de la que ha sido su última intervención pública antes de tomar posesión como magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el presidente del TSJM ha alertado de que la que es la reforma judicial más ambiciosa en décadas afronta un arranque marcado por los retrasos y problemas estructurales de gravedad.
Así, ha señalado que muchos profesionales han optado temporalmente por retrasar la presentación de demandas mientras se consolidan los criterios interpretativos del nuevo requisito procesal. Además, ha llamado la atención de que el descenso de la litigiosidad antes indicado no puede considerarse todavía un indicador fiable de la eficacia por nuevo modelo. Por último, ha subrayado que con este nuevo marco normativo será necesario observar la evolución durante los próximos años para comprobar si la reducción responde realmente a una transformación estructural del sistema o únicamente a un efecto coyuntural derivado del proceso de implantación.
74 nuevas plazas de jueces para hacer frente al atasco
Tras analizar la ‘ley de Eficiencia’, Rodríguez Padrón ha realizado una radiografía detallada de la situación de la Justicia en la Comunidad, que sirven casi 900 jueces. En ese sentido, ha recordado que el Ministerio del ramo ha creado 507 plazas judiciales, 74 de las cuales corresponde a la región, un número importante, con relación a ejercicios anteriores pero, aún insuficiente para paliar con eficacia el “histórico y endémico atasco judicial derivado de la falta de recursos”, ha dicho.
Además del notable impacto de la nueva legislación, y de la lógica reclamación de más recursos humanos y materiales, y entre otras consideraciones sobre el estado de la administración de la justicia en la región, el presidente del TSJ de Madrid ha reflexionado acerca de asuntos de la actualidad y, en concreto, del reto que supone el traslado en los próximos años de todas las unidades judiciales de Madrid a la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, un proyecto estratégico que determinará el futuro de un servicio público tan esencial para la ciudadanía.