La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado hoy, durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial que Su Majestad el Rey ha presidido en el Tribunal Supremo, que sostener con su actuación cotidiana la confianza y la credibilidad en la Justicia es una “exigencia” que obliga a todos los poderes del Estado, porque de ellas depende la fortaleza misma del Estado de Derecho, y ha calificado de “inoportunas y rechazables” las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos. 

Tras recordar que el informe sobre el Estado de Derecho en España aprobado el pasado julio por la Comisión Europea advertía que “los poderes Ejecutivo y Legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en esta”, Perelló ha dicho que “tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la Justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces”. 

“Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional”, ha añadido la presidenta del TS y del CGPJ, que ha dicho que son aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica, “pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”. 

También ha manifestado que es en el seno del proceso judicial, “que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa”, donde toda actuación judicial “es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes”; y ha recordado que “el Estado de Derecho protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.   

“No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos. Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre”, ha añadido Perelló, que ha señalado que “la sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial”. 

Independencia judicial 

La presidenta del TS y del CGPJ ha asegurado asimismo que los jueces no obedecen órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de su función, pero que “independencia no equivale a libre arbitrio” ni es, “en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla, porque constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional: la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos”. 

Además, ha recordado que el ámbito de la independencia judicial es absoluto y que todos están obligados a respetarla, tal y como dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ha subrayado que “ese respeto no es una fórmula retórica: exige que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier tipo ni con expectativas que desconocen los principios y los tiempos del proceso”. 

Por último, la presidenta del TS y del CGPJ ha asegurado que, a pesar de las descalificaciones, “el Poder Judicial no va a desviarse de su camino de rectitud y honestidad. Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos. Los hombres y mujeres que servimos a la Justicia seguiremos desempeñando nuestra labor con independencia, rigor y vocación de servicio, lo que constituye la mejor garantía de los derechos de todos, lejos de disputas estériles que nada aportan”. 

Normalización de la planta judicial 

Durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, la presidenta del CGPJ ha hecho balance del primer año de mandato de la institución y ha dado por superado el primer desafío al que se enfrentó ésta: cubrir las numerosas vacantes en plazas judiciales, 31 de ellas en el Tribunal Supremo. 

Desde entonces, el órgano de gobierno de los jueces ha conseguido normalizar la planta judicial al hacer 161 nombramientos, la inmensa mayoría de ellos por unanimidad o amplio consenso. 

“El Consejo ha cumplido con su cometido con rigor y responsabilidad en este primer año, velando por el interés superior del servicio público de la Justicia”, ha concluido Perelló, que ha confiado en que la institución afrontará con la misma responsabilidad otros desafíos de gran envergadura como la implantación de los tribunales de instancia o dar una respuesta eficaz a la litigación en masa. 

En este sentido, ha asegurado que desde la presidencia del órgano constitucional se esforzará siempre “por alcanzar el consenso y conseguir decisiones aceptadas por amplias mayorías, pues está llamada a ejercer un papel imparcial y neutral, garante del correcto funcionamiento del Poder judicial, al servicio exclusivo de la justicia y del interés general”. 

“Como presidenta -ha añadido- mi compromiso es ejercer mi función con independencia, firmeza, con criterio propio y con la máxima lealtad institucional”. 

Compromiso con la igualdad 

La presidenta del TS y del CGPJ ha señalado también que el Consejo debe seguir avanzando en su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, recordando que de los 161 nombramientos realizados este año el 42 % han recaído en candidatas mujeres, porcentaje que se eleva al 53 % si se tienen en cuenta solamente aquellas plazas a las que concurrían candidatos de ambos sexos. 

“Sin duda, queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula del poder judicial y confío en que a lo largo de este mandato se consiga la igualdad en el ámbito judicial. Ese es mi empeño”, ha dicho Perelló, que ha reiterado su reconocimiento a las mujeres que han luchado por la defensa del derecho a la igualdad “y por acabar con la injusta falta de consideración a la que nos hemos visto sometidas en distintos ámbitos de la vida profesional y social”. 

Alarmante falta de jueces 

Perelló ha asegurado que, al igual que el CGPJ ha cumplido “con rigor y responsabilidad” su función constitucional, “también puede afirmarse que lo ha hecho el Poder Judicial como poder del Estado”, y ha recordado que en 2024 los Juzgados y Tribunales resolvieron 7 millones de asuntos y dictaron más de dos millones de sentencias -800.000 y 300.000 más que el año anterior, respectivamente-, lo que significa que, de media, cada juez resolvió cerca de 1.400 asuntos y dictó 325 sentencias. 

“Estas cifras reflejan la responsabilidad y el sobresfuerzo de los miembros del Poder Judicial”, ha dicho la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, que ha señalado que la media de jueces por cada cien mil habitantes en España es muy inferior a la de los países del Consejo de Europa (11,9 frente a 17,4) y que la falta de jueces “resulta alarmante”, ya que las 120 plazas que, de media, se han ofrecido en las convocatorias de los últimos años son insuficientes para alcanzar la tasa de reposición y que el CGPJ considera urgente la creación de 509 plazas judiciales. 

“Esta es una de nuestras grandes preocupaciones, cuya solución no puede demorarse ni quedar supeditada al incierto devenir de determinadas iniciativas legislativas”, ha señalado Perelló, que ha agregado que la falta de jueces “pone en grave riesgo la efectividad de la Justicia, garantía última de los derechos de los ciudadanos”. 

La presidenta del TS y del CGPJ ha advertido, no obstante, de que el necesario incremento del número de jueces “no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional” y que las reformas en el sistema de selección que puedan plantearse en el futuro deben respetar siempre sus principios esenciales: la publicidad, la objetividad de las pruebas, que se basa en control del conocimiento exhaustivo del Derecho, y la transparencia. 

Medidas contra las dilaciones en los procedimientos judiciales 

Otro de los problemas que suscitan preocupación en el órgano de gobierno de los jueces, ha subrayado su presidenta, es el de las dilaciones que sufren los procedimientos judiciales, que son “inaceptables en una sociedad democrática avanzada”. 

“Una justicia tardía no es una justicia efectiva. Es urgente poner en marcha medidas que terminen con este problema, que contribuye a minar la confianza en la Justicia”, ha manifestado antes de reclamar la regulación del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo prevista en la Ley 7/2015, pendiente desde hace más de diez años y que ha considerado “vital” para el funcionamiento del alto tribunal. 

Reformas legislativas: diálogo institucional y participación del CGPJ 

Perelló ha asegurado también que los jueces no son inmovilistas, sino que constantemente reclaman mejoras y reformas, pero que estas “deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia y no pueden darse pasos que signifiquen un retroceso en estos elementos esenciales”. 

“Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la Carrera Judicial y que generan legítima preocupación en la judicatura”, ha dicho la presidenta del CGPJ, que ha señalado que “es, obviamente, al legislador al que corresponde aprobar estas reformas, pero deben elaborarse mediante el diálogo institucional y con la participación del Consejo General del Poder Judicial, que ha de aportar la experiencia y el conocimiento necesarios para mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional”.