La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado sentencia absolutoria para la mujer que, en junio de 2024, mató a su padre e intentó acabar con la vida de su madre en el domicilio familiar de Librilla. El magistrado presidente del Tribunal del Jurado, conforme al veredicto unánime de sus nueve integrantes, considera acreditada su autoría de un delito de asesinato consumado y otro de asesinato en grado de tentativa, ambos con alevosía y la agravante de parentesco, pero aprecia la eximente completa de anomalía o alteración psíquica que excluye su responsabilidad penal.

La resolución, fechada este 12 de noviembre, acuerda imponer a la acusada dos medidas de seguridad de internamiento para tratamiento médico en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, con una duración máxima de 22 años y seis meses por el asesinato de su padre y de 13 años, un mes y 15 días por la tentativa de asesinato de su madre. Estos periodos constituyen límites máximos y podrán revisarse durante la ejecución de la sentencia, en función de la evolución de su estado de salud y de las previsiones legales aplicables.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del 27 de junio de 2024, cuando la acusada, que convivía con sus progenitores, accedió al dormitorio donde ambos dormían provista de un cuchillo de cocina. Según los hechos probados, atacó primero a su padre, al que asestó múltiples puñaladas que le causaron la muerte en un breve espacio de tiempo.

A continuación, se dirigió contra su madre, que había despertado alertada por los quejidos de su marido. La mujer consiguió escapar del dormitorio, pero fue perseguida por su hija a través de distintas estancias de la vivienda. Durante la agresión, la acusada utilizó varios cuchillos y un martillo, causándole numerosas heridas, algunas de ellas potencialmente mortales.

La persecución terminó en la rampa exterior del garaje, donde una patrulla de la Guardia Civil, alertada por una llamada al 112 de un vecino que había escuchado los gritos de auxilio, consiguió interceptar y reducir a la agresora. La sentencia declara probado que la intervención de los agentes y la posterior asistencia médica evitaron la muerte de la madre.

Autora, pero no culpable

El jurado consideró acreditado, también por unanimidad, que la acusada padecía desde hacía más de quince años un trastorno esquizoafectivo grave, con brotes psicóticos recurrentes, y que en el momento de los hechos se encontraba bajo el dominio de un delirio, con alucinaciones imperativas de contenido homicida, lo que “anuló por completo su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y de actuar conforme a dicha comprensión».

La sentencia distingue expresamente entre la autoría de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada, a la que considera “sí autora, sí de hechos muy gravemente antijurídicos, pero no culpable desde un punto de vista criminal”. El magistrado explica que la anulación completa de sus facultades intelectivas y volitivas determina su absolución, aunque considera “absolutamente necesaria” la imposición de una medida de seguridad de internamiento para tratamiento médico.

La resolución recoge las conclusiones de los especialistas en psiquiatría y medicina forense que declararon durante el juicio, quienes coincidieron en que la acusada sufrió una descompensación psicótica aguda tras abandonar el tratamiento farmacológico unas tres semanas antes de los hechos.

El magistrado señala que “la condición de inimputable a la fecha de los hechos” no admite duda alguna y aprecia la concurrencia de la eximente completa prevista en el artículo 20.1 del Código Penal.

Las dificultades para garantizar el tratamiento

La sentencia dedica parte de su fundamentación a examinar la evolución de la enfermedad y las dificultades para garantizar la continuidad del tratamiento. Los especialistas que atendieron a la acusada durante su estancia en centros penitenciarios describieron reiteradas negativas a tomar la medicación prescrita, que obligaron a solicitar autorización judicial para administrarle tratamiento farmacológico de forma forzosa.

El magistrado recoge la valoración de una de las psiquiatras, según la cual la acusada “precisa de un lugar donde se la controle y se le dé tratamiento continuado”, ante el riesgo de nuevas descompensaciones y de que puedan repetirse conductas violentas.

La resolución también hace referencia a diversos episodios de agresividad registrados durante su internamiento, algunos de ellos contra otras internas y profesionales sanitarios. A partir de estas circunstancias y de los informes periciales, el magistrado afirma que “la peligrosidad de la encausada, aún a fecha de hoy, es palmaria, y muy elevada, como lo es su agresividad”.

Los especialistas coinciden en descartar, en su situación clínica actual, un tratamiento exclusivamente ambulatorio y consideran necesario un seguimiento “en régimen cerrado y con la debida atención psiquiátrica”.

En cuanto a la responsabilidad civil, la resolución no establece indemnización alguna, dado que tanto la madre como los hermanos de la acusada, herederos del fallecido, renunciaron expresamente a reclamar compensaciones económicas por los hechos.

Tras conocerse el veredicto del jurado, el pasado 9 de noviembre, el magistrado acordó la puesta en libertad penitenciaria de la acusada y su traslado a un hospital psiquiátrico para que se valorase su posible internamiento involuntario por la vía civil. Según recoge la sentencia, este ingreso se produjo el 10 de noviembre y fue ratificado judicialmente ese mismo día.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.