El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha procesado a los cinco miembros del ‘comité ejecutivo’ de ETA desde 1992 hasta sus respectivas detenciones por el asesinato del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez, cometido el 23 de enero de 1995. El instructor les procesa por delito de asesinato terrorista y delito de atentado contra la vida de Gregorio Ordóñez.

En un auto, el magistrado, además, atribuye a los cinco responsables de ETA Jose Javier A.R., ‘Kantauri’; Ignacio G.A., ‘Iñaki de Rentería’; Miguel A., ‘Mikel Antza’; Julián A.E., ‘Pototo’ y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’, la “responsabilidad por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración en el comité, incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos”.

En su auto, el juez distingue entre las actuación y funciones de los comandos de ETA y el papel que ejercía su comité ejecutivo. Así, indica que éste se reservaba para sí la decisión de elegir los objetivos especiales, de singular trascendencia y relevancia política, dejando a los comandos la capacidad de elegir por sí mismos los objetivos de sus atentados cuando se trataba de policías, guardias civiles o militares.

El comité, según el juez, controlaba la actuación de los comandos y su funcionamiento, aunque no interviniera en la elección de los objetivos “ordinarios”; coordinaba el funcionamiento de la organización y el “rendimiento” de los comandos y de los integrantes de los distintos aparatos de la banda, adiestraba a sus componentes, entregaba las armas, explosivos y el material necesario para atentar.

El juez señala que la cúpula de la organización terrorista también impedía la deserción de sus miembros, les facilitaba la huida a países considerados seguros o tomaba represalias violentas contra ellos. Además, el comité ejecutivo se encargaba de los aspectos económicos de los comandos, facilitando los medios económicos para cometer los atentados, pagar los sueldos de los liberados, así como ofrecer los recursos financieros a los miembros a los que había autorizado dejar la actividad armada, asegurando la financiación de la banda en su conjunto.

El atentado contra Ordóñez fue una decisión colegiada del comité ejecutivo de ETA

El juez recuerda que Gregorio Ordóñez fue asesinado el 23 de enero de 1995 de un disparo efectuado por un individuo encapuchado que irrumpió en el restaurante la Cepa de San Sebastián, donde la víctima estaba comiendo con otros compañeros de partido. Un asesinato por el que fueron juzgados y condenados los miembros del ‘comando Donosti’ de ETA Valentín L., Javier G.G. y Juan Ramón C.

Para el juez, el atentado contra Gregorio Ordóñez se encuadra dentro de la “estrategia de desestabilización” que desarrollaban los procesados a través del comité ejecutivo o cúpula de ETA.  El magistrado considera que ha quedado acreditada su función decisiva en la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez, como resultado de una decisión colegiada adoptada en 1994.

El magistrado relata que Arizcuren R., ‘Kantauri’ mantuvo una reunión con uno de los autores materiales del asesinato, Valentín Lasarte, en septiembre u octubre de 1994 en la localidad francesa de Bayona. En este encuentro, Lasarte manifestó su decisión de tomar un papel menos activo en ETA. Sin embargo, en el curso de la reunión, ‘Kantauri’ le ordenó colaborar con dos miembros liberados del ‘comando Donosti’ que pasarían más tarde desde Francia para ejecutar el atentado previsto contra Ordóñez y que había sido decidido por el comité ejecutivo de ETA.

De Jorge se basa en la declaración que prestó el propio Lasarte tras su detención, un año después del asesinato de Ordóñez. en la que reveló su encuentro con ‘Kantauri’ y declaró detalladamente cómo se planificó y materializó el atentado. El juez también señala como indicios las declaraciones que obran en el sumario prestadas por testigos protegidos de las que se desprende que la orden de asesinar a Ordóñez vino “de Francia”.

El juez ha tenido en cuenta también documentos de ETA anteriores y posteriores al atentado que corroboran que en aquella época la dirección de la organización terrorista había decidido una nueva estrategia de desestabilización que implicaba asesinar a políticos del PSOE, PP o PNV y que dejaba de atentar únicamente contra policías, guardias civiles o militares. Este tipo de atentados contra políticos sólo podrían llevarse a cabo por orden expresa del Comité ejecutivo de ETA.