La juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva irregular en Ceuta a finales de julio desde Marruecos, María Tardón, ha citado a declarar como investigado, el próximo 18 de noviembre, al que era en ese momento delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. 

La magistrada acuerda la declaración de Pérez Triano en un auto en el que acepta la competencia e inhibición de las diligencias que se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.   

En su resolución, la instructora requiere a la Comisaría General de Información de la Policía para que remita un informe en el que incluya expresión de cuantas incidencias, análisis, investigaciones o informes de inteligencia consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas coincidentes con los hechos investigados, durante el periodo comprendido entre los días 28 de julio y 5 de agosto, “compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles”. 

Asimismo, acuerda requerir al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta para que remita las grabaciones de las llamadas que se hubieran recibido durante el periodo comprendido entre las 00,01 horas del día 30 de julio de 2026 y las 23,59 horas del día 31 de julio de 2026. 

Tardón solicita estos dos informes con carácter previo a decidir sobre la batería de diligencias pedidas por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas coincidentes con los hechos investigados. 

La instructora recuerda que la eficacia de cualquier dispositivo de seguridad depende de forma esencial de la normalidad de sus sistemas de comunicación, coordinación y transmisión de información. “Por ello, si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas”, advierte. 

En este sentido, apunta que la trascendencia de esta cuestión resulta aún mayor si se tiene en cuenta que los hechos investigados se desarrollaron en un contexto de excepcional intensidad y afectaron directamente a intereses esenciales del Estado relacionados con la seguridad fronteriza, el control de flujos migratorios y la capacidad de respuesta de los servicios públicos encargado de preservar el orden y la seguridad. Por ello, añade, procede acordar nuevas diligencias de investigación dirigidas “a esclarecer una circunstancia que, por su eventual relevancia para la comprensión global de los hechos objeto de la causa, no puede quedar sin verificación”. 

No obstante lo anterior, dice Tardón, más allá de la declaración de un agente de policía, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que existieron elementos compatibles con actuaciones deliberadas de interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos que motivaron la incoación de este procedimiento. 

Por ello, y pese a compartir el criterio de la Fiscalía sobre la necesidad de practicar diligencias para analizar todos estos extremos, la juez cree más pertinente oficiar primero a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta. 

Explica que se trata de unas diligencias previas que permitirán comprobar la propia realidad del presupuesto fáctico sobre el que el Ministerio Fiscal basa su solicitud y determinar si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación.