El Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado esta semana, en la sede leonesa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el curso de formación interna descentralizada “Ciberdelincuencia y violencia digital”, dirigido a integrantes de la Carrera Judicial y letrados de la Junta de Castilla y León. 

La actividad, coordinada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha permitido a los participantes adquirir una comprensión actualizada de las dinámicas técnicas de la ciberdelincuencia y la violencia digital. Además, ha permitido profundizar en la valoración judicial de la prueba electrónica, la jurisprudencia reciente y los desafíos procesales que plantea la investigación tecnológica. 

En concreto, durante el curso se han analizado, entre otras cuestiones, modalidades delictivas como phishing, smishing, whaling, pharming, ransomware y skimming, además de distintas formas de violencia digital, como el ciberacoso, el chantaje sexual y la violencia de género digital. 

En la actividad formativa, ha intervenido el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Javier Hernández, quien ha realizado un análisis actualizado sobre las implicaciones procesales y penales de la ciberdelincuencia, la obtención y validación de la prueba digital, y el equilibrio entre la eficacia de la investigación y las garantías fundamentales. 

El curso también ha contado con la presencia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y miembro de la RJUE sobre cibercrimen, José Manuel Sánchez Siscart, quien ha expuesto una visión global de la complejidad de la ciberdelincuencia. Además, la letrada del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, María Felisa Herrero, ha abordado las herramientas de cooperación internacional en la investigación de ciberdelitos. 

Fraude digital 

Por su parte, el coronel al mando de la CiberComandancia de la Guardia Civil, Jorge Juan Pérez, ha recordado los procedimientos previstos para realizar denuncias telemáticas, destacando que las ciberestafas suponen más del 50 % del trabajo que desarrollan diariamente. 

El curso ha concluido con una mesa redonda sobre las responsabilidades derivadas del fraude, en la que han participado Ana del Ser y la letrada de la Junta de Castilla y León, María Luisa Vidueira. Del Ser ha analizado la responsabilidad penal en casos de phishing en servicios de pago electrónicos y ha señalado que “la tendencia jurisprudencial dominante se orienta a la protección de la víctima, exigiendo al proveedor bancario una carga probatoria reforzada y un compromiso técnico y preventivo acorde con los riesgos de la operativa digital”. 

La actividad ha tenido un marcado carácter práctico y ha permitido a los asistentes profundizar en las herramientas legales y procesales necesarias para afrontar los retos que plantean la ciberdelincuencia y la violencia digital.