El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado hoy una providencia en la que informa a la Fiscalía Europea que hasta el momento no consta que ninguna de las obras públicas que está investigando hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, “aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”. 

En cualquier caso, aunque alguna de aquellas obras pudiese haber comprometido fondos de la referida procedencia, el juez explica que la causa que instruye se refiere a la eventual existencia de sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, a través de posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquéllos, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas, “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”. 

La Fiscalía Europea solicitó información al juez sobre las obras que son objeto de la causa especial que instruye en el Supremo, para verificar si coinciden con una denuncia realizada ante dicha Fiscalía por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y poder evaluar su posible competencia y el ejercicio del derecho de avocación del asunto. 

En una providencia de ocho folios, que el juez acuerda notificar tanto a la Fiscalía Europea como a las partes personadas en la causa, Puente recuerda en primer lugar que el pasado 23 de septiembre abrió pieza separada para investigar la parte referida a obras públicas, en la que están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor del primero Koldo García, y seis empresarios, entre ellos Víctor D.A. 

El juez añade en su informe que en dicha pieza, siempre en los términos meramente indiciarios que corresponden a este momento del proceso, “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando éstos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”. 

Junto a esa trama u organización, se investiga también en la presente causa especial, la posible existencia de una segunda, -en parte compuesta por las mismas autoridades o funcionarios públicos, en relación con otras entidades constructoras, con aparente menor entidad económica-, que tendría también el mismo objeto, expone el juez. 

A continuación, el informe del juez detalla las obras públicas concretas que hasta el momento y sin perjuicio de que se incorporen otras en el futuro, cuyo proceso de contratación, adjudicación y ejecución están siendo objeto de investigación, diferenciando las del ámbito de la entidad ADIF de las de la Dirección General del Carreteras. Tras recibirse los expedientes completos de dichas obras, el pasado 23 de septiembre se recabó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que está pendiente de ser presentado. 

El informe concluye que “hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”, y que en cualquier caso, aunque alguna de las obras pudiese haber comprometido fondos de esa procedencia, el objeto de la causa son la eventual existencia de sendas organizaciones criminales que habrían logrado adjudicaciones de obras mediante posible delito de cohecho e influencia de los investigados, con independencia de los fondos empleados en ellas, lo que “en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental”, según el juez. 

Insiste el magistrado finalmente que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.