La Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional de tres hombres detenidos en una operación policial contra el tráfico de armas y de drogas.

El magistrado que dirige la investigación aprecia en este caso riesgo de reiteración delictiva, de fuga y de destrucción de pruebas, por lo que ha acordado la medida cautelar solicitada por el Ministerio Fiscal para los arrestados.

La investigación, que se inició en 2024, ha evidenciado hasta ahora la existencia de indicios de la comisión de delitos como tenencia ilícita de armas de fuego, tráfico de armas y de municiones, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones, delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

De acuerdo con esos elementos indiciarios que obran en las actuaciones, los tres sospechosos desarrollaban una actividad delictiva coordinada y jerarquizada, con reparto de roles y funciones, dedicada fundamentalmente a la compra y venta ilegal de armas de fuego y de munición.

De hecho, en los registros llevados a cabo por la policía han sido halladas diversas armas de fuego y más de 1.700 cartuchos, junto con fundas para pistolas y armas de fuego larga.

También han sido intervenidos transpondedores, elementos electrónicos destinados a la clonación de llaves de vehículos de alta gama, numerosos cargadores de pistolas, relojes de alta gama con precios que pueden ir desde los 10.000 a los 100.000 euros la unidad, 200 gramos de cocaína, dinero en efectivo de origen desconocido y décimos de lotería, entre otros efectos.

La investigación apunta a que uno de los arrestados compraba armas y munición de forma legal para facilitarla después a la organización y venderla a terceros. Ese comprador original, además, llegaba supuestamente a denunciar falsamente robos en su vivienda.

Los detenidos blanqueaban presuntamente a continuación el dinero obtenido con este tráfico ilegal de armas y munición mediante la compra de relojes de lujo, entre otras operaciones.

El magistrado instructor considera que no existe una medida menos gravosa que la prisión preventiva para evitar la destrucción de pruebas y conjurar el riesgo de fuga, así como para lograr el cese de la actividad de venta de armas de fuego y de munición y proteger de este modo la seguridad pública, el orden socioeconómico y la salud pública.