La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, a petición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reactivar un segundo juzgado de guardia para el enjuiciamiento rápido de delitos leves en el partido judicial de Barcelona con el fin de solucionar el retraso de cuatro meses que actualmente sufre el señalamiento de estos procedimientos. La medida, que cuenta con el informe favorable de todas las instituciones implicadas, se pondrá en marcha el próximo 1 de julio y tendrá una duración inicial -prorrogable en caso de estimarse necesario- de seis meses.

El enjuiciamiento inmediato de delitos leves por el juzgado de guardia es una medida prevista en el art. 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha mostrado adecuada para dar una rápida y adecuada respuesta jurisdiccional a un importante número de asuntos que ingresan en los juzgados de instrucción y también para liberar recursos en la oficina judicial de tal modo que puedan ser dedicados a asuntos de mayor relevancia penal.

La petición partió de la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona, según la cual el aumento en el número de delitos leves y la existencia de un único juzgado para su enjuiciamiento rápido ha provocado una acumulación de señalamientos que se califica de “alarmante” y un retraso de cuatro meses en la celebración del juicio, lo que puede llegar a causar la prescripción del delito. Según las previsiones, basadas en los datos aportados por los Mossos d’Esquadra, ese retraso irá en aumento dado que ese tipo de delitos están creciendo exponencialmente.

La solución propuesta por el TSJC, y aprobada por la Comisión Permanente, consiste en reactivar el segundo juzgado de guardia para el enjuiciamiento diario de 20 asuntos durante un periodo inicial de seis meses, lo que permitiría, una vez concluido ese periodo, evaluar la evolución de las cifras y la eficacia de la medida. En ese turno de guardia entrarían todos los juzgados de instrucción del partido judicial de Barcelona.

Esta medida repercutirá de manera significativa en la seguridad de Barcelona y en el impacto económico que tienen este tipo de delitos sobre el comercio de la ciudad. Asimismo, su puesta en marcha implica un reducido coste para la Generalitat de Cataluña, pues se necesitaría una plantilla reducida.

La propuesta cuenta con el informe favorable de la Sala de Gobierno del TSJC y de la junta sectorial de Jueces de Instrucción del partido judicial de Barcelona; también con el visto bueno de la Fiscalía Provincial de Barcelona, del Colegio de Abogados de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio de Justicia. Y, finalmente, cuanta con el informe a favor del Servicio de Inspección del CGPJ.

La Comisión Permanente ha acordado también poner su acuerdo en conocimiento del Ministerio de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (para su comunicación a la magistrada decana del partido judicial de Barcelona y a los colegios profesionales), al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y al Servicio de Inspección del CGPJ.