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Se sitúa como la cuarta comunidad con mayor tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres. Solo 5 de cada cien víctimas se acoge a la dispensa del deber de declarar contra su agresor
Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el tercer trimestre de 2025 un descenso del 3 % en el número de denuncias por violencia sobre la mujer, según los datos correspondientes al periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre, hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
En el trimestre analizado se contabilizaron algo más de dos mil denuncias (2.013), una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior (2.076), lo que confirma una tendencia a la baja ya observada en trimestres previos.
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La comparación por comunidades autónomas del número de mujeres víctimas de violencia de género registradas durante el trimestre por cada 10.000 mujeres sitúa a la Región de Murcia en una posición por encima de la media estatal. Con una tasa de 24,1 víctimas por cada 10.000 mujeres, la Región se encuentra entre los territorios con mayor incidencia relativa, aunque lejos de los valores más elevados registrados en Illes Balears, que encabeza la clasificación con 35,9, y por debajo de otras comunidades como la Comunidad Valenciana o Canarias. En el extremo opuesto se sitúan Galicia, La Rioja y Castilla y León, con las tasas más bajas.
Medidas penales y civiles de protección
La mayor parte de las denuncias fueron presentadas directamente por las propias víctimas (1.375), bien en sede judicial o en dependencias policiales, mientras que los atestados por intervención directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad (419) constituyeron el segundo canal de entrada más habitual.
Los órganos judiciales de la Región tramitaron durante el trimestre 478 solicitudes de órdenes de protección, de las que se acordó un 78 %. Junto a las órdenes de protección, los juzgados adoptaron un amplio conjunto de medidas penales y civiles destinadas a salvaguardar la seguridad de las mujeres y de los menores.
Entre las medidas penales (1.098), las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (322) y las órdenes de alejamiento (331), mientras que en el ámbito civil destacaron las relacionadas con la atribución del uso de la vivienda familiar (94), la prestación de alimentos (78) y la suspensión del régimen de visitas (71). Además, también se acordó la suspensión de la guardia y custodia en 33 casos y se suspendió la patria potestad en 48.
Solo 7 de cada 100 víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, una tasa sensiblemente inferior a la media nacional de 11,1, lo que refleja una mayor disposición a mantener la denuncia y continuar con el procedimiento judicial.
En cuanto a la actividad de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, durante el tercer trimestre se dictaron 512 de sentencias, con un porcentaje de condenas del 97,1 %.
Los juzgados de lo Penal de la Región, competentes para el enjuiciamiento de los delitos castigados con penas de hasta cinco años de prisión, dictaron 132 sentencias, el 78,8 % condenatorias (104), 80 de ellas por conformidad. Por su parte, la Audiencia Provincial, a través de su sección especializada, dictó una sentencia relativa a los delitos más graves, con fallo condenatorio.
Durante el trimestre también se enjuició a tres menores en los juzgados de menores en relación con delitos de violencia sobre la mujer, imponiéndose en todos los casos medidas, tras el reconocimiento de los hechos por los acusados.
El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web: