Los procedimientos por despido registrados en los juzgados de Canarias durante el primer trimestre de 2026 descendieron un 5,3% con respecto al mismo periodo del año anterior (de 2.780 en el invierno de 2025 a 2.634 en el de 2026), mientras que en la media del Estado crecieron un 3,5%. Las Islas registraron en este periodo la mayor tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes del país: 117,1. La tasa media nacional fue de 86,7.

El Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos hoy los datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales españoles durante el primer trimestre de 2026.

Siguiendo en el ámbito de la pérdida de empleo, las reclamaciones de cantidad ante los tribunales disminuyeron un 4,8% en Canarias entre enero y marzo de 2026 en referencia al mismo periodo del año anterior, de 2.309 a 2.199.

En cuanto a expedientes de regulación de empleo (EREs), las Islas registraron un decremento del 100% del invierno de 2025 al pasado. Entre enero y marzo de 2025 se había computado uno. En el pasado invierno no se registró ninguno.

De otro lado, el Archipiélago registró un descenso en los procesos de concurso de acreedores del 3,3% (de 1.022 en el invierno de 2025 a 988 entre enero y marzo pasados).

El estudio evidencia que en el periodo analizado Canarias registró la cuarta tasa más alta de concursos por cada 100.000 habitantes, 43,9, cifra sólo superada por Murcia (55,9), Cataluña (55,1) y Baleares (48,0).

Las estadísticas también señalan que el Archipiélago registró un descenso en los concursos presentados por personas naturales no empresarias, es decir, por ciudadanos de a pie que se declaran incapaces de pagar sus deudas: si en el primer trimestre de 2025 habían sido 975 las personas de las Islas que se habían acogido a la llamada ley de la segunda oportunidad, en el invierno de 2026 fueron 957, esto es, un 1,8% menos.

La tasa de personas naturales no empresarias por cada 100.000 habitantes que se acogieron a concurso en las Islas fue de 42,5, la cuarta más alta del país, por detrás de Murcia (52,7), Cataluña (44,4) y Baleares (43,9).

En el ámbito de los Procedimientos Especiales de Microempresas (PEM), el informe evidencia que en las Islas la presentación de PEM creció un 10% del primer trimestre de 2025 al de 2026, al pasar de 30 a 33.

Los PEM de personas jurídicas descendieron un 27,3% el invierno pasado (de 22 a 16); los de persona natural crecieron un 112,5%, de ocho a 17.


Las solicitudes de lanzamientos por ejecución hipotecaria registraron una disminución del 55,3%, de 76 en el primer trimestre de 2025 a 34 en el de este año, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

En lo que se refiere a lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -esto es, desahucios por impago de alquiler, el decremento en las Islas fue del 83,6%; de 372 casos en el primer trimestre de 2025 a 61 en el pasado invierno.

Por último, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda crecieron un 35,9% en Canarias durante el invierno pasado: de 39 casos entre enero y marzo de 2025 se pasó a 53 en el mismo periodo de este año. La tasa es de 2,4 procesos por ocupación ilegal de viviendas por cada 100.000 habitantes.

Datos nacionales

En lo que se refiere a datos de todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los órganos judiciales practicaron un total de 4005 lanzamientos, una cantidad inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025. La disminución afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler. 

El número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer trimestre del año se redujo un 45,4 por ciento. Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9 % del total y que se redujeron en un 53,9 por ciento con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24 % y mostraron una disminución interanual del 18,3 por ciento. 

El 23 % del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582. 

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 2.600 en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto en descenso interanual del 53,9 por ciento. Teniendo en cuenta solo este tipo de lanzamientos, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar con 513 practicados en el trimestre, el 19,7 % del total. Le siguen Cataluña, con 489; Madrid, con 454 y Andalucía, con 355.  

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 18,3 % respecto al primer trimestre de 2025. Por territorios, Cataluña fue la que más lanzamientos de este tipo registró, con 217, seguida de Andalucía, con 208 y de la Comunidad Valenciana, con 158. 

Finalmente, los lanzamientos derivados de otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año fueron 434, un 13,4 % menos que en 2025. 

El informe incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. 

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos recibidos en estos servicios en el primer trimestre de 2026 fue de 16.167, un 19,2 % más que en mismo trimestre de 2025. De ellos, 7.696 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 16,6 por ciento. 

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 17,5 % 

Durante el trimestre analizado, se han presentado 7.194 ejecuciones hipotecarias, un 17,5 % más que en el primer trimestre de 2025. 

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.616, un 36,36 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.293; la Comunidad Valenciana, con 841 y Madrid, con 564. 

Durante los tres primeros meses del año, los órganos judiciales registraron un 6 % más concursos que en el mismo periodo de 2025. Este incremento se debe al experimentado por los concursos de personas naturales no empresarios (situado en el 7,4 %), los únicos que crecieron en el periodo analizado. Los concursos de personas jurídicas disminuyeron un 4,1 % y los de personas naturales empresarios bajaron un 3,2 por ciento. 

El número total de concursos ingresados durante el trimestre analizado fue de 19.100 (incremento del 6 %). Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se presentó el mayor número de concursos con 4.488, el 23,49 % del total. Le siguieron Andalucía, con 3.117; Madrid, con 3.036 y Comunidad Valenciana, con 2.323.

 

El 17 de agosto de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello tiene más sentido realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan. 

Respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 1.395, un 4,1 % menos que hace un año. Cataluña fue el territorio donde se registraron más concursos de personas jurídicas: 482, lo que supone el 34,55 % del total. Le siguieron Madrid, con 203; Andalucía, con 184 y la Comunidad Valenciana, con 157. 

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 706, mostraron un descenso interanual del 3,2 por ciento. Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos de este tipo, 387, que representan el 54,8 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 109, y Madrid, con 51. 

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios, 16.999, mostraron un incremento del 7,4 % respecto al mismo trimestre de 2025.  Cataluña encabeza la lista con 3.619 concursos presentados, que representan el 21,28 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 2.910; Madrid, con 2.782 y la Comunidad Valenciana, con 2.057. 

El número de concursos declarados en el trimestre analizado en los Juzgados de lo Mercantil fue de 15.316, con un incremento interanual del 3,1 por ciento. 

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 36 concursos (un 33,3 % menos), mientras que iniciaron la fase de liquidación 1.041, un 26,5 % más que en el mismo trimestre de 2025. 

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 86 expedientes, un 19,6 % menos que en el mismo trimestre del año anterior. 

Las demandas por despido suben un 3,5 por ciento 

En el primer trimestre de 2026 se han presentado 42.572 demandas por despido, un 3,5 % más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 8.886, el 19,49 % del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 7.195; Madrid, con 7.138 y la Comunidad Valenciana, con 5.676. 

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 32.208, fue un 10,9 % inferior al presentado en el primer trimestre de 2025. De ellas, 6.323 se registraron en Andalucía, el 19,63 % del total; 5.161 en Madrid, 4.027 en Cataluña y 2.939 en la Comunidad Valenciana. 

Los procedimientos monitorios se reducen más de la mitad 

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 199.678, lo que supone un marcado descenso, situado en el 59,1 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 37.439 asuntos; Madrid, con 35.534; Cataluña, con 27.483 y la Comunidad Valenciana, con 22.869. 

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas 

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. 

En el primer trimestre de 2026 ingresaron 460, un 22,3 % menos que el año anterior. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 94, que representan el 20,43 % del total nacional. Le siguieron, Cataluña, con 88 y la Comunidad valenciana, con 64. 

Consulte los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2026 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/