Los juzgados del archipiélago canario registraron durante el pasado año 2025, como ya ocurriera en 2024, la mayor tasa del país de procedimientos por despido presentados por cada 100.000 habitantes (477,2) y la tercera de concursos de acreedores (198,4 por cada 100.000 habitantes), según datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial. 

El informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España en los juzgados de lo mercantil fue durante el año pasado del 30%, lo que supone que, en las Islas, éstas aumentaron un 15,5% más que en la media del Estado (45,5%). 

Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que durante 2025 Canarias fue la tercera comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La primera fue Baleares con un 53,9% y la segunda, La Rioja (47,5%). 

De los 4.465 concursos de acreedores presentados en las Islas, 92 lo fueron a instancia de personas jurídicas, 45 de personas naturales empresarias y 4.327 de personas naturales no empresarias. Esto es, el 96,9% de los concursos registrados en las Islas fueron presentados por personas naturales no empresarias, o lo que es lo mismo, personas de a pie que solicitaron acogerse a la llamada Ley de Segunda Oportunidad (fresh start, en el concepto original anglosajón). 

De hecho, Canarias registró el año pasado la segunda tasa más alta de concursos de personas naturales no empresarios por cada 100.000 habitantes: 192, 3, cifra sólo superada por Murcia (201,2). La tasa nacional fue de 135,5, es decir, 56,8 puntos más baja que la isleña. 

Las estadísticas también desvelan datos referidos a los Procedimientos Especiales de Microempresas (PEM) de personas naturales y personas jurídicas. Durante el pasado año se incoaron un total de 146 (un 39% más que en 2024), 38 de personas naturales (un 81% más) y 108 de personas jurídicas (+28,6%). Canarias es la segunda comunidad donde más crecieron este tipo de procedimientos en el periodo de estudio: un 39%, porcentaje sólo superado por Aragón (40,7%). El incremento en todo el territorio nacional fue del 4%. 

En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo social de Canarias incoaron en 2025 un total de 10.738, un 3,8% más que en el año anterior (10.344). Este dato implica que la tasa de demandas por despido por cada 100.00 habitantes en las Islas fue de 477,2, la más alta del país (ya lo había sido en 2024), por encima de Madrid (445,6) y de Murcia (345,8). La tasa nacional fue de 334,9, 142,3 puntos por debajo de la isleña.    

El estudio también analiza los procedimientos incoados en reclamación de cantidades dinerarias: durante el año pasado se computaron en las Islas 8.920, un 0,5% menos  que en el año anterior. En cifras relativas, el Archipiélago registró una media de 396,4 reclamaciones por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España al igual que en el año anterior, solo superada por Asturias (421,2). La tercera fue el País Vasco (371,8). La tasa nacional fue de 267 reclamaciones por cada 100.000 habitantes. 

En lo que se refiere a ejecuciones hipotecarias, se presentaron 1.197 procesos, un 34,9% más que en 2024.  

Los datos que aluden a lanzamientos (acuerdo de entrega de bien inmueble) indican que el año pasado hubo en Canarias un total de 1.426, un 17,5% menos que en 2024. El año pasado se practicaron en el Archipiélago 224 lanzamientos derivados de incumplimientos de la ley hipotecaria, un 26,8% menos que en 2024 (306); 1.129 por impago de alquileres, un 13,3% menos que en el ejercicio anterior (1,302) y 73 por otros motivos no especificados, un 41,1% menos que en 2024 (124).  

Monitorios y okupas   

La estadística también alude a procedimientos monitorios (previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los juzgados de primera instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos). En el Archipiélago se tramitaron durante 2025 un total de 64.849 procedimientos de este tipo, un 17,5% menos que en el ejercicio anterior (78.652).  

En términos relativos, y como ya sucediera en 2024, Canarias fue el año pasado el territorio con mayor densidad de este tipo de pleitos (2.882,2 por cada 100.000 habitantes). Madrid fue la segunda comunidad (2.411,2), y Andalucía, la tercera, 2.036.  

El informe también detalla que en las Islas se computaron el año pasado 114 juicios verbales de ocupación de vivienda (okupas), un 12,3% menos que en 2024. La tasa fue de 5,1 pleitos por ocupación de vivienda por cada 100.000 habitantes. 

Suspensión lanzamientos 

En este informe se difunden por primera vez datos relativos a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad. 

Estos datos se han incorporado recientemente al proceso estadístico y continúan sujetos a la implantación progresiva de controles adicionales de consistencia, completitud y calidad. Por este motivo, deben interpretarse con carácter orientativo, si bien permiten disponer de una primera aproximación cuantitativa sobre estos procedimientos. Pero teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre los trimestres anteriores y, por ello, no es posible conocer la evolución de esos datos. 

Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes de los órganos judiciales de Canarias recibieron 86 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 83. 

Suspendieron ocho lanzamientos en aplicación del art. 1 del Real Decreto 11/2020 (que establece la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”); uno en aplicación del art. 1 bis del mismo real decreto (que establece la “suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal”) y tres  en aplicación del art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a los casos especiales en la tramitación de los juicios verbales. 

Por otra parte, y en el marco de los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, los juzgados de instrucción, las secciones penales de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes registraron durante el cuarto trimestre del año pasado ocho solicitudes de suspensión y resolvieron seis. 

 Datos nacionales 

Los datos nacionales compendiados en el informe apuntan a que en 2025 el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas mostró un incremento interanual del 35,6 %, un porcentaje que prácticamente duplica el aumento experimentado en 2024 (del 18,3 %) por este tipo de procedimientos. En el pasado ejercicio, se iniciaron en toda España un total de 31.416 ejecuciones hipotecarias. 

El informe también muestra el importante incremento de los concursos, siendo los 74.739 presentados en los órganos judiciales un 30 % más que los de 2024. Por el contrario, los lanzamientos practicados, que alcanzaron la cifra de 24.540, descendieron un 11 % respecto a 2024. 

Las ejecuciones hipotecarias aumentaron en todas las Comunidades Autónomas. En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2025 (9.370), seguido por Andalucía (6.466), la Comunidad Valenciana (3.530) y Madrid (2.889).

Atendiendo al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Cataluña, con 115. Le siguieron Murcia, con 82,9; Andalucía, con 73,2; Castilla-La Mancha, con 70,9 y la Comunidad Valenciana, con 65,2. 

25.540 lanzamientos practicados en 2025 

El número de lanzamientos practicados el año 2025 fue de 25.540, un 11 % por ciento menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual. 

Un 71,7 por ciento de los lanzamientos, 18.317, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 4.346 (el 17 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.877 restantes obedecieron a otras causas. 

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso interanual del 10,9 % respecto a 2024, y los derivados de ejecuciones hipotecarias, una disminución del 14,3 por ciento. 

Cataluña –con 6.814, el 26,6 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267. 

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.025. Le siguen Andalucía, con 2.600; la Comunidad Valenciana, con 2.158; y Madrid, con 1.931. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña, con 1.050; Andalucía, con 913; Comunidad Valenciana, con 637; Murcia, con 254 y Madrid, con 252. 

Suspensión de los lanzamientos 

En este informe se difunde por primera vez información relativa a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad. 

Estos datos se han incorporado recientemente al proceso estadístico y continúan sujetos a la implantación progresiva de controles adicionales de consistencia, completitud y calidad. Por este motivo, deben interpretarse con carácter orientativo, si bien permiten disponer de una primera aproximación cuantitativa sobre estos procedimientos. 

Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes recibieron 2.732 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 2.559. 

Suspendieron 221 lanzamientos en aplicación del art. 1 del Real Decreto 11/2020 (que establece la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”); 84 en aplicación del art. 1 bis del mismo real decreto (que establece la “suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal”) y 167 en aplicación del art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a los casos especiales en la tramitación de los juicios verbales. 

Por otra parte, y en el marco de los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, los juzgados de instrucción, las secciones penales de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes registraron durante el cuarto trimestre del año pasado 251 solicitudes de suspensión y resolvieron 257. 

*El artículo 1 bis.1 del Real Decreto-ley 11/2020 establece que “Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2025, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2025”. 

Los concursos aumentaron un 30 % en 2025 

El número de concursos presentados en 2025 fue de 74.739, un 30 % más que los presentados el año anterior. Este incremento se debió al crecimiento de los presentados por personas naturales sin actividad empresarial (en total 66.571), que fue del 36,3 por ciento. Este tipo de concursos representan el 89 % del total de los que se presentaron en las Secciones de lo Mercantil y en las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia. 

Por lo que respecta a los concursos presentados por personas jurídicas y por personas naturales empresarios, ambos mostraron un descenso interanual. Así, los 5.472 (el 7,3 % del total) presentados por personas jurídicas se redujeron en un 1,7 por ciento; y los 2.696 de personas naturales empresarios lo hicieron en un 12,6 por ciento.  

La Comunidad Autónoma con mayor número de concursos presentados fue Cataluña, con 17.504. Le siguieron Madrid, con 13.249; Andalucía, con 11.450, y la Comunidad Valenciana, con 8.376. 

Procedimientos especiales de microempresas 

En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas. Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. 

En 2025 se presentaron en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia 3.393 procedimientos especiales de microempresas, de los que 2.054 corresponden a personas jurídicas y 1.339, a personas físicas. 

Las demandas por despido aumentan un 3 por ciento 

Las 164.484 demandas por despido presentadas en las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en 2025 supusieron un incremento del 3 por ciento respecto a las registradas el año anterior. 

Por territorios, Madrid –con 31.801, el 19,3 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña, con 31.103 y Andalucía, con 26.723. 

Además, las Secciones de lo Social registraron en 2025 131.150 reclamaciones de cantidad, un 4,3 % menos que en 2024. De ellas, 23.659 se presentaron en Andalucía; 22.082 en Madrid y 15.618 en Cataluña.

Procedimientos monitorios 

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2025 en las Secciones Civiles y en las Secciones Civiles y de Instrucción fueron 956.583, un 16,5 % menos que en 2024. El número más elevado de este tipo de procesos, 179.940, se presentó en Andalucía, cifra que representa el 18,8 % del total nacional, con un descenso respecto a 2024 del 17,2 por ciento; le siguieron en número Madrid, con 172.085; Cataluña, con 154.771 y la Comunidad Valenciana, con 108.469. 

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas 

Durante el pasado ejercicio, los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, que sumaron 1.845, experimentaron un descenso interanual del 20,1 por ciento. En Cataluña se registraron 377 (el 20,4 % del total nacional); en Andalucía, 339; en la Comunidad Valenciana, 212 y en Madrid, 190. 

Consulte los datos estadísticos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y las series completas desde 2007 hasta 2025 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/