La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa agravada, a una asesora que llevaba las gestiones laborales de una empresa cerámica de Castellón y modificó el importe de las nóminas de varios empleados a fin de quedarse con aumentos de sueldo. 

La Sala aprecia en la sentencia las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión e impone también a la penada el pago de una multa de 1.080 euros y de las costas del procedimiento. 

La resolución judicial, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, le otorga asimismo el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a cambio de que no vuelva a delinquir en un placo de cuatro años. 

La asesora, en su calidad de abogada, prestaba servicios de asesoramiento legal para la empresa desde el año 2016 y se encargaba de elaborar los documentos en los que calculaba y comunicaba a la gerencia el importe de la nómina de cada trabajador. 

La suma de todos estos importes equivalía a la cantidad mensual que la mercantil debía abonar al mes en concepto de nóminas del conjunto de los trabajadores. 

Según considera probado la sentencia, entre los meses de abril de 2018 y febrero de 2021, la mujer usó la aplicación informática con la que elaboraba estos documentos para inflar los sueldos de algunos trabajadores en relación con los que realmente les correspondía. 

De este modo, valiéndose de su posición y con claro ánimo de lucro, remitió a la entidad bancaria los documentos manipulados con el nombre del trabajador, el importe de su nómina y la cuenta bancaria donde se debía ingresar la nómina. 

Sin embargo, en esos documentos añadía nuevas transferencias dirigidas a una cuenta bancaria de su titularidad por la diferencia del importe entre lo que correspondía realmente a cada empleado y el importe inflado que ella había comunicado a la gerencia de la empresa. 

El total del dinero que logró desviar con esta mecánica a su cuenta bancaria asciende a 57.757 euros, que la mercantil no reclama en este procedimiento. 

La mujer reconoció los hechos en junio de 2021 e hizo lo propio con posterioridad, en su declaración judicial. La sentencia es firme, por lo que no cabe recurso alguno contra ella.