La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha encausado a 14 investigados por presuntos sobrecostes y otras irregularidades en contratos de obras públicas para el mantenimiento y reforma de instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana entre los años 2018 y 2022.

Entre esos encausados figura un teniente coronel que ejerció las funciones de interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) en la 6ª Zona del Instituto Armado, así como otro agente y varios empresarios.

La magistrada considera que de las diligencias de investigación practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad por la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y grupo criminal.

Por ello, la instructora acuerda dictar el auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la fase de instrucción, y dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando el correspondiente escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia deja fuera del procedimiento a otros dos investigados, para los que acuerda el sobreseimiento provisional en el mismo auto, que está fechado ayer, 20 de julio, y puede ser recurrido en reforma y/o apelación.

La resolución judicial recoge que el principal investigado, el citado teniente coronel, se habría prevalido de su posición como jefe de la UGE y de la confianza que habían depositado en él sus mandos para “crear en su propio beneficio una red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública de la Guardia Civil”.

Concretamente, entre las supuestas irregularidades detectadas, la magistrada destaca el fraccionamiento indebido de la facturación para eludir controles administrativos, la adjudicación reiterada de contratos a sociedades de un mismo empresario y la emisión de facturas por importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados o, incluso, por trabajos que no llegaron a ser ejecutados.

En algunas actuaciones, según los informes elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude y por Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, los sobrecostes habrían rondado el 200%, y el perjuicio total para las arcas públicas asciende a decenas de miles de euros.

El auto también detalla indicios que apuntan a la existencia de una “supuesta red de corrupción sistémica” liderada por el teniente coronel para “enriquecer su patrimonio inmobiliario” en la localidad valenciana de Siete Aguas, mediante la ejecución de obras privadas en su vivienda a cargo de varios de los proveedores que eran adjudicatarios de los contratos públicos.

Y refiere igualmente la “opacidad financiera” en la adquisición de algunas de esas propiedades inmobiliarias, por el abono de dinero en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”.