La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una pareja a 11 años y medio de cárcel por mantener encerrada a una mujer con discapacidad psíquica en condiciones infrahumanas y apropiarse de su dinero. Los hechos ocurrieron en la capital, en 2024. Aprovechando su vulnerabilidad, y con ánimo de enriquecimiento, se ganaron su confianza y se la llevaron, primero, a su casa y después a una vivienda "okupada", donde la retuvieron, cerrada bajo llave, en condiciones insalubres. 

Durante meses, "la mantuvieron encerrada en la citada vivienda en contra de su voluntad sin las necesarias condiciones de higiene, habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana", explican los magistrados, que detallan que estaba encerrada en una habitación de la casa "sin luz, sin calefacción, sin agua corriente, con muchísima suciedad y sin sanitarios, por lo que debía hacer sus necesidades en un cubo. En la habitación no había comida, sólo un colchón mugriento y alguna botella de agua". 

La víctima consiguió pedir ayuda a un vecino y fue rescatada por la Policía y los Bomberos en diciembre de 2024. 

Mientras los dos acusados la tuvieron privada de libertad, utilizaron su tarjeta de crédito, llegando a apoderarse de más de 2.000 euros de la cuenta bancaria en la que a la víctima le ingresaban la pensión.  

El Tribunal les considera autores de los delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y estafa. 

La Sala, además, ha condenado a una tercera persona, un varón del que se servían los otros dos acusados para que llevara alimentos y medicinas a la cautiva o para limpiar los excrementos. Según los la sentencia, "participó en dichos hechos de manera secundaria, efectuando acciones puntuales y no esenciales para la ejecución de los mismos. Se encargaba de llevarle agua, medicina y comida y limpiar los excrementos que la víctima realizaba en un cubo". 

Se trata de un hombre que tiene una discapacidad intelectual leve, motivo por el que el tribunal aprecia esta circunstancia como atenuante y le impone dos años y medio de cárcel por los delitos de detención ilegal y contra la integridad moral ya que entiende que "es altamente vulnerable a las presiones que pueda recibir, con déficit en sus herramientas de afrontamiento y carencias para la gestión de problemas y elevada influenciabilidad". Le absuelve del delito de estafa porque ha quedado acreditado que no dispuso de dinero alguno de la víctima.  

Los condenados deberán indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales.

La sentencia no es firme. Puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.