Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
El jurado descarta el asesinato y el homicidio doloso y considera probado que el acusado pasó con su vehículo sobre la víctima al realizar una maniobra marcha atrás sin advertir que había caído al suelo. La sentencia califica los hechos de homicidio por imprudencia grave, al conducir bajo los efectos del alcohol, y le impone seis años de retirada del carné y una indemnización de 21.940 euros a la hermana de la fallecida
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por un delito de homicidio por imprudencia grave cometido al atropellar mortalmente a su esposa, de nacionalidad británica, en la urbanización Camposol, en Mazarrón, la madrugada del 4 de diciembre de 2022.
La sentencia, dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado conforme al veredicto emitido por sus integrantes, absuelve al acusado de los delitos de asesinato y homicidio doloso por los que había sido juzgado, al considerar que la muerte se produjo como consecuencia de un atropello durante una maniobra marcha atrás y no de una agresión física, como sostenían las acusaciones.
Impone también al condenado la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años, así como una medida de libertad vigilada consistente en fijar un domicilio conocido durante dos años. Además, deberá indemnizar a la hermana de la fallecida con 21.940,21 euros, más los gastos de entierro y funeral que se determinen en ejecución de sentencia.
Según los hechos declarados probados, el matrimonio, que llevaba varios años residiendo en España, se había trasladado pocos días antes del suceso a una vivienda de Camposol. La noche de los hechos, ambos regresaron a su domicilio en un vehículo. El acusado aparcó parcialmente sobre la acera, apagó el motor y permaneció en el interior mientras su esposa descendía por la puerta delantera izquierda y rodeaba el automóvil por detrás para dirigirse a la vivienda. La mujer cayó al suelo y quedó tendida detrás del vehículo, en posición perpendicular a este, con la cabeza sobre el bordillo. El acusado, que se había girado hacia los asientos traseros para recoger unas bolsas de compra, no advirtió su presencia. Transcurridos unos minutos, encendió el motor y circuló lentamente marcha atrás para comprobar si se encendían las luces de la vivienda. Durante esa maniobra, el vehículo pasó por encima del cuerpo de la mujer, que quedó bajo el chasis, mientras las ruedas izquierdas le pasaban por los tobillos. El atropello le ocasionó múltiples lesiones traumáticas que provocaron su fallecimiento por shock hemorrágico.
El jurado declaró probada esta secuencia de hechos por siete votos frente a dos, apoyándose fundamentalmente en los informes periciales aportados por la defensa, que consideraron compatibles las lesiones con un atropello.
Las pruebas periciales
En su fundamentación jurídica, el magistrado presidente señala que la ausencia de grabaciones y testigos directos de los hechos dificultó la reconstrucción de lo ocurrido. Explica que las pruebas periciales forenses no resultaron decisivas para convencer al jurado de la tesis de las acusaciones, que atribuían la muerte a una agresión reiterada del acusado. Por el contrario, el veredicto se apoyó especialmente en un informe pericial y en los estudios biomecánicos que ofrecían una explicación alternativa de las lesiones.
Este concluía que “la víctima presenta un cuadro de politraumatismo, con un patrón lesional diverso en diferentes localizaciones y compatible con las producidas por un atropello”. Asimismo, las peritos biomecánicas señalaron que “la configuración del vehículo genera zonas de visibilidad reducida en proximidad inmediata a la carrocería, por lo que resulta técnicamente plausible que una persona tendida a ras de suelo pudiera quedar fuera del campo visual directo del conductor en determinadas posiciones”.
La sentencia explica que estos informes constituyeron la base de la convicción del jurado sobre el mecanismo que produjo la muerte, descartando que las lesiones fueran consecuencia de los golpes descritos por las acusaciones.
Imprudencia grave
Aunque el jurado descartó que el acusado hubiera causado intencionadamente la muerte de su esposa sí consideró acreditada su responsabilidad por homicidio imprudente. La resolución destaca que el hombre realizó la maniobra marcha atrás bajo los efectos del alcohol, en una calle oscura, con el vehículo parcialmente subido a la acera y sabiendo que su esposa se encontraba en las inmediaciones.
El magistrado presidente señala que se trató de “una maniobra muy imprudente ya que el vehículo estaba ocupando la acera, es decir, un espacio reservado para peatones”, y añade que el acusado tenía “las facultades mermadas para estar alerta dado que había consumido alcohol”.
Para justificar la imposición de cuatro años de prisión, el máximo previsto para este delito, la Audiencia tiene en cuenta la gravedad de las consecuencias y la mecánica de los hechos, con presencia de alcohol, y considera que no existen factores que justifiquen fijar la pena en su extensión mínima. Además, rechaza las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas planteadas por la defensa.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de diez días desde su última notificación.