La Audiencia de Málaga no suspende la pena de los condenados por el caso blanqueo
Considera que, pese a cumplir las circunstancias para la suspensión, la gravedad de los delitos impide concedérsela
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- Comunicación Poder Judicial
La Audiencia de Málaga ha denegado el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a los dos condenados por el caso blanqueo -derivado de Malaya- que la habían solicitado. Tampoco ha accedido a la petición de suspensión de la condena por una multa que había solicitado un tercero.
Respecto a Benjamín Martínez y María Isabel Pantoja, el auto de la Audiencia considera que, pese a que los dos cumplían los requisitos exigidos por la Ley para dicha suspensión, la valoración de los delitos impide conceder la suspensión al tratarse de delitos especialmente graves. En el caso del primero, apunta a que por su profesión -director de una entidad bancaria- debía tener una mayor exigencia de cautela a la hora de prevenir el afloramiento de dinero delictivo. Por tanto, la gravedad de su conducta delictiva "es considerablemente superior a la del ciudadano común, siendo especialmente grave el que "sus garantes traicionen las responsabilidad y funciones que les atribuyen las Leyes".
En el caso de María Isabel Pantoja, también valora la gravedad de su conducta, puesto que permitió el "blanqueo de los ilícitos beneficios obtenidos por su pareja, en su corrompida y delictiva actividad política/pública al frente del Ayuntamiento" de Marbella. Así, tacha como dicha conducta como "paradigma de la ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social".
El auto, además, recalca que la pena "cumple, también, una función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad, vulnerada por el delito". En la sentencia ejecutada "ha quedado acreditado una actuación delictiva enmarcable en conductas de blanqueo de capitales", relacionadas con lo que "coloquialmente se viene dando en denominar corrupción política".
Según el auto, "tales conductas suponen uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática, no solo desde un punto de vista cuantitativo: por el perjuicio económico que producen, sino cualitativo: al socavar, hasta casi disolver, los principios mismos sobre los que se asienta aquélla".