Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de La Rioja la primera sesión del juicio contra un ex entrenador de fútbol acusado de haber cometido presuntamente delitos contra la libertad sexual de ocho menores de edad en el ámbito deportivo. 

En concreto se sienta en el banquillo por 3 presuntos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años; 3 presuntos delitos de abuso sexual a menores de 16 años; 3 presuntos delitos de acoso sexual a menores de 16 años; 2 presuntos delitos de revelación de secretos; 2 presuntos delitos de pornografía infantil y 1 presunto delito de tenencia de material pornográfico 

El Fiscal, en sus conclusiones provisionales, solicita 47 años de prisión, multas por importe de 14.600 euros y 49.000 euros de indemnización por daños morales a los menores en concepto de responsabilidad civil, una cantidad de la que responderá de manera subsidiaria el Club Atlético Osasuna, para el que el acusado trabajaba como oteador. 

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron entre los años 2020 y 2022, cuando el acusado ejercía como entrenador de fútbol. Aprovechándose de su posición de autoridad, del acceso directo a jugadores menores de edad y de la confianza generada tanto en ellos como en sus familias, el acusado habría desarrollado una conducta delictiva continuada de carácter sexual hacia distintos menores. 

La acusación sostiene que el procesado mantuvo con varios jugadores conversaciones reiteradas de contenido sexual, principalmente a través de WhatsApp, en las que realizaba proposiciones sexuales, solicitaba imágenes íntimas y pedía expresamente que dichas comunicaciones se mantuvieran en secreto. 

En algunos casos, los hechos incluyeron encuentros a solas, concertados bajo falsas promesas relacionadas con la mejora deportiva o supuestos fichajes, durante los cuales se habrían producido tocamientos de naturaleza sexual. Asimismo, la investigación permitió localizar en dispositivos electrónicos del acusado una importante cantidad de material de contenido sexual protagonizado por menores de edad. 

El Ministerio Fiscal considera que estas conductas afectaron al menos a ocho menores y constituyen delitos contra la libertad sexual, delitos en los que, según el Ministerio Pública, se aprecia la agravante de abuso de confianza. 

El Fiscal solicita, además de las penas de prisión, multas y responsabilidad civil, libertad vigilada, órdenes de alejamiento respecto de las víctimas y la inhabilitación para ejercer cualquier actividad profesional que implique contacto con menores. 

El juicio, que está previsto dure dos días, se desarrollará con medidas específicas de protección para las víctimas, con el objetivo de preservar su intimidad y garantizar que puedan declarar en condiciones adecuadas de seguridad y tranquilidad.