El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos mujeres de nacionalidad croata detenidas este lunes en Burlada en el interior de una vivienda en la que pretendían robar.

El juicio por estos hechos se celebrará el 9 de julio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, y en el mismo el fiscal solicitará para cada una de ellas una pena de 21 meses y 3 días de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa, así como un mes de multa por un delito leve de lesiones.

En el auto, que puede ser recurrido, el magistrado destaca que las encausadas fueron sorprendidas in fraganti por uno de los residentes en la vivienda a la que acababan de acceder.

Las mujeres, que intentaron huir del lugar, causaron lesiones a la persona que les persiguió. No obstante, no pudieron evadirse gracias a “la determinación del joven que las sorprendió y la ayuda de otros vecinos que, alertados por los gritos, salieron a las escaleras del inmueble”. Entre todos ellos, consiguieron retener a las acusadas hasta la llegada primero de la Policía Municipal de Burlada y, después, de la Policía Foral.

En poder de las detenidas, según refleja el juez, se encontraron múltiples joyas que han sido reconocidas como propias por los propietarios de la vivienda, así como diversos útiles de los habitualmente usados para la comisión de este tipo de delitos.

Según destaca el magistrado, la medida de prisión, a la vista de lo actuado, se evidencia como completamente “imprescindible a fin de asegurar la presencia de las investigadas en el proceso y evitar el riesgo de que cometan otros hechos delictivos análogos, cuya gravedad es evidente y que generan una gran alarma social”.

Resalta el juez que “las dos detenidas son extranjeras y no consta que tengan ningún tipo de arraigo en España, entre otras cosas porque se han acogido a su derecho a no declarar. A una de ellas le consta que ha usado varias identidades distintas, comportamiento que sólo tiene el que trata de evitar la acción policial y judicial”.

Además, según recoge la resolución judicial, tampoco hay evidencias de arraigo laboral o familiar alguno de las detenidas, quienes, sin embargo, han estado en al menos tres ciudades españolas distintas en un corto periodo de tiempo, lo que, unido a su falta de ingresos económicos mínimamente acreditados, “permite pensar que la finalidad de dichos desplazamientos es la comisión de delitos contra la propiedad”.

Dicha idea, prosigue el magistrado, viene además “abonada por las especiales medidas de seguridad que adoptan las detenidas para evitar su identificación o, incluso, vinculación con los establecimientos donde pernoctan o con los lugares a donde acuden, como evidencia el hecho de que no portaban la llave de la habitación donde se alojaban o que usaban unos teléfonos móviles que no permiten el uso de datos, lo que dificulta su geolocalización”.

Para el juez, llama igualmente la atención el hecho de que unas personas que, según han manifestado, estaban en Pamplona buscando trabajo, tuvieran en su poder más de 700 euros en metálico “y, lo que es aún más sorprendente, un abogado de Alicante contactara con la Policía Foral al poco tiempo de haber sido detenidas interesándose por ellas, siendo que ambas (personas sin trabajo y sin recursos económicos) han sido finalmente asistidas por un abogado particular que, además, se ha desplazado desde Santander para asistirlas”, lo que permite pensar que las detenidas “cuentan con apoyo de alguna otra persona o grupo y que se dedican habitualmente a cometer delitos contra la propiedad por diversos lugares de la geografía española”, para lo cual cuentan con apoyo jurídico en el caso de ser arrestadas.

Todo lo anterior, concluye el juez, junto con los instrumentos intervenidos a las investigadas y la “limpieza” y “rapidez” con que han accedido a la vivienda robada, unido al hecho de que no consta que ninguna de las dos tenga trabajo, “permite presumir fundadamente que ambas se dedican habitualmente a cometer este tipo de delitos y, por ello, es más que presumible que, en caso de quedar en libertad, volverían a hacerlo, lo que hace necesario acordar la medida de prisión para evitarlo”.