El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a los 22 presuntos miembros y colaboradores de una organización criminal que supuestamente defraudó más de 194 millones de euros entre los años 2021 a 2024 en el pago del IVA de hidrocarburos. 

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro considera que existen indicios suficientes para juzgar a los investigados por delito de organización criminal, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental. 

Respecto al delito de blanqueo de capitales, presuntamente cometido con la reintroducción en el circuito económico de las cantidades defraudas, el instructor decide abrir una pieza separada para el enjuiciamiento separado de este delito dado que requiere una investigación más prolija por la necesaria emisión de comisiones rogatorias que dilatarán la tramitación del procedimiento. 

Asimismo, archiva la causa principal para dos de los investigados, si bien advierte de que ambos podrán ser investigados en la pieza de blanqueo de capitales.

El magistrado, que abrió esta causa en julio de 2024 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, explica en su resolución que la operativa puesta en marcha por los investigados “tiene como objeto evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos”. 

Mayor beneficio y menor competencia 

“No se han ingresado en la Hacienda Pública las cuotas de IVA resultantes de las operaciones derivadas de las ventas de hidrocarburos correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024, ambos inclusive, cuya cuantía asciende a 194.141.486,50 euros. Con ello, han conseguido, al incorporar el IVA repercutido a su patrimonio, un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta, además de una cierta monopolización del mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, pues la mercancía se vendía por debajo del precio de coste”, señala. 

Para llevar a cabo este fraude, continúa, los miembros de la trama criminal crearon sociedades instrumentales de primer nivel en las que se encontrarían R5 Energía y Omega, que actuando como suministradoras se encargan de adquirir los hidrocarburos dentro del depósito fiscal con impuestos especiales en régimen de suspensión y exención de IVA, para luego extraerlo del depósito fiscal pagando los impuestos especiales, pero defraudando el IVA mediante la interposición de otras sociedades instrumentales de segundo nivel, que actúan de comercializadoras. La labor de estas últimas era trasladar el producto adquirido al cliente final, simulando compraventas reales con facturación falsa con objeto de disimular el fraude. 

Con posterioridad y tras el cambio legal introducido por el Real Decreto 249/2023 que prohibía la venta al por menor, la organización criminal modificó su esquema operativo y se vio obligada a vender el hidrocarburo directamente al cliente final, utilizando la mercantil VOR3m, explica. 

Los “verdaderos arquitectos” del fraude fiscal 

El magistrado apunta a los investigados Javier García Pérez, Israel Ocaña de Novoa y Javier González casas-Torres como los cabecillas de la organización y “verdaderos arquitectos del fraude fiscal” dedicados al diseño de la trama, mientras que el resto de encausados se dedicaron a la constitución de sociedades de sociedades y compraventa de participaciones entre ellas, a la captación y coordinación de administradores insolventes, a la confección de facturas, a la creación de cuentas bancarias o a actuar como testaferros. 

“Los encausados han creado toda una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica real, son cascarones vacíos, operan como meros instrumentos al servicio de Javier García Pérez, Israel Ocaña de Nova, y Javier González Casas-Torres, cuyo único propósito es ejecutar un fraude en el Impuesto de Valor Añadido que grava el comercio de hidrocarburos”, señala Calama.

En su resolución, el magistrado da traslado de las actuaciones a las acusaciones para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación del escrito de acusación o para que soliciten el sobreseimiento de la causa.