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La jueza destaca, en una sentencia de conformidad, que pudieron obtener unos ingresos de entre 50.400 euros y 100.800 euros
La magistrada de la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ferrol ha condenado, tras la conformidad alcanzada por las partes, a tres acusados de vender un medicamento con finalidad abortiva. En el fallo, la jueza indica que los 5.040 comprimidos obtenidos fraudulentamente les pudieron reportar unos ingresos de entre 50.400 euros y 100.800 euros, pues cobraban entre 10 y 20 euros por cada pastilla.
De esta forma, a uno de ellos le ha impuesto tres años y nueve meses de cárcel, como autor de un delito contra la salud pública y de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular, en concurso medial con un delito continuado de estafa, concurriendo respecto de este último la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Además, deberá pagar una multa de 2.400 euros. A los otros dos acusados los ha condenado, como cómplices del delito contra la salud pública, a un año y medio y a dos años de cárcel, respectivamente, si bien ambas penas están suspendidas por un plazo de dos años, con la condición de que en ese plazo no delincan.
El principal sospechoso admitió que actuó con la ayuda de su pareja y de su hermano, quienes ofrecían el medicamento en páginas de anuncios de internet y a través de redes sociales. Además, realizaban envíos desde Narón a múltiples localidades de toda España, detectándose unos 660 envíos entre febrero de 2019 y junio de 2023.
La jueza relata en el fallo que el condenado, sin la participación de los otros dos implicados, adquirió entre enero de 2019 y abril de 2023 un total de 5.040 comprimidos. Además, explica que, hasta enero de 2021, logró que varios médicos le prescribiesen el medicamento hasta en 70 ocasiones, empleando las recetas que le facilitaba el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, si bien en algunos de esos casos era el propio condenado el que rellenaba el nombre de CYTOTEC en las recetas que los doctores le firmaban previamente, confiados en que haría uso dada su condición de militar en activo de la Armada Española. A partir de febrero de 2021, cubrió enteramente otras 56 recetas, empleando un sello creado fraudulentamente e imitando la firma de un médico.
Además, el encausado reconoció que “trató de ocultar sus maniobras” comprando los envases hasta en nueve farmacias de la provincia de A Coruña, si bien finalmente fue denunciado por el titular de una farmacia de Ferrol, en mayo de 2023. El perjuicio causado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ascendió a 704,12 euros. La sentencia es firme, pues contra ella no cabe recurso.