La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con la adjudicación de contratos a la empresa TRAGSA en el Valle de Cuelgamuros.

El tribunal afirma que el “muy confuso” relato fáctico de la denuncia “se construye, en términos manifiestamente temerarios, superponiendo fragmentos de informaciones incompletas de distinta índole, mezclados con simples y desnudas insinuaciones carentes del más mínimo sustento”.

Señala que no se precisa ningún hecho concreto en el que intervinieran los dos denunciados y que pudiera sugerir el más mínimo atisbo de responsabilidad penal por malversación de caudales públicos. Añade que “no se traza el más mínimo puente inferencial que permita tan siquiera representarse hipotéticamente una relación causal o situacional entre los hechos que se afirman y los denunciados”.

El tribunal considera que la denuncia, en los términos formulados, constituye una muestra de “indolente desprecio por los límites más elementales en el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia que se agrava cuando, además, se busca con ello la incoación de un proceso penal contra personas determinadas”.

Subraya que “patentiza, además, una absoluta falta de consideración por la grave función que la Constitución le asigna a este Tribunal Supremo en la investigación y, en su caso, enjuiciamiento de delitos cometidos por las personas aforadas. Este tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”.