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La Sala coincide con la valoración del juez de instancia acerca de la incapacidad que tiene para valerse por sí misma
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la gran invalidez derivada de enfermedad común concedida a una trabajadora con una distrofia macular bilateral.
En junio de 2021, la interesada, nacida en 1961, fue declarada en situación de incapacidad permanente absoluta, con derecho a percibir una prestación vitalicia de 3.233,24 euros mensuales. Posteriormente, en noviembre de 2024, solicitó una revisión por agravamiento, al sumarse a su patología ocular previa -de carácter progresivo e irreversible- un diagnóstico de neoplasia de mama derecha intervenida mediante mastectomía. La sentencia de instancia estimó la demanda, fijando el complemento de gran invalidez en 1.729,48 euros mensuales, resolución que recurre el INSS.
La Sala comparte la conclusión de instancia al constatar que la interesada presenta una reducción de su capacidad visual que le impide afrontar con autonomía y suficiencia las necesidades elementales de la vida diaria. Dado que experimenta una dificultad extrema para llevarlas a cabo con unas mínimas condiciones de seguridad y eficacia, la demandante es acreedora del grado de incapacidad solicitado.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.