La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años, tres meses y un día de prisión a una acusada de estafar 10.322 euros a la madre de una amiga a la que se ofreció ayudar a gestionar la liquidación de un embargo de Hacienda sobre una vivienda propiedad de la familia. El tribunal considera a la mujer responsable de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad de documento oficial y deberá pagar una multa de 1.080 euros e indemnizar a los perjudicados con la cantidad estafada más intereses.

Según los hechos probados de la sentencia la acusada mantenía una relación de amistad con la hija de la perjudicada porque llevaban a sus niñas a la misma guardería. Un día le comentó que su familia había heredado un piso que querían vender, pero que no podían por existir sobre él un embargo de Hacienda de 10.041,40 euros a raíz de una deuda contraída por su madre y con dificultades para pagarla. La acusada se ofreció a ayudarla con la excusa de que trabajaba en un depósito fiscal y que a través de un “alto funcionario” que conocía podría pagar la deuda de forma fraccionada. Para ello facilitó una cuenta bancaria -de la que la acusada era única titular- haciéndole creer que era de Hacienda. En total, la madre ingresó 1.350 euros.

Ante el interés de un posible comprador, la procesada les prometió agilizar los trámites para que la venta no se frustrase, y haciéndose pasar por ese “alto funcionario” les informó que quedaban otros tres pagos inferiores a 3.000 euros, ingresos que realizó la pareja de la perjudicada. Poco después remitió una certificación, supuestamente de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, en la que comunicaba que dicha deudora "...se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias..." y entregó una aparente nota simple del Registro de la Propiedad que hacía constar que ese inmueble ya estaba libre de cargas. La inmobiliaria encargada de gestionar la venta de la vivienda, dudando de la autenticidad del documento, lo llevó al Registro, donde confirmaron que estaba modificado.

El tribunal apunta que concurrieron todos los presupuestos requeridos para la existencia de un delito continuado de estafa, dándose un "engaño eficaz” efectuado a varias personas. “De lo que se deriva la existencia de dos acciones fraudulentas realizadas por la acusada, con evidente ánimo de lucro; la existencia de diferentes perjudicados; la infracción del mismo precepto penal; la unidad espacio-temporal de sus acciones, que permite considerar una acción continuada; y la concurrencia en la acusada del dolo de conjunto propio de la continuidad delictiva, pues cumplió con su plan preconcebido de obtener dinero a costa de su patrimonio”, indican los magistrados. Asimismo, respecto al delito de falsedad de documento oficial, concluye el tribunal que la acusada simuló sustancialmente una nota simple del Registro “con evidente dolo falsario de transmutar la realidad”.