Vocales del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presididos por su presidenta, Isabel Perelló, se han reunido este lunes con una delegación de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), como parte de la preparación de la Opinión que el CGPJ solicitó a este órgano consultivo del Consejo de Europa en relación con la propuesta sobre la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial aprobada por el Pleno el pasado 5 de febrero.

En la primera reunión han participado los vocales Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, Pilar Jiménez Bados, Gema Espinosa, Jose María Fernández Seijo, José Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.

Posteriormente, y también en la sede del CGPJ, la delegación de la Comisión de Venecia ha mantenido otra reunión con representantes de las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente; y una tercera con representantes de la sociedad civil como Segismundo Álvarez, de la Fundación Hay Derecho; Manuel Aragón; Tomás de la Quadra-Salcedo; Gemma Ubasart y Jesús Manuel Villegas, de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Ya en el Tribunal Supremo, la delegación ha sido recibida por la presidenta del CGPJ y del alto tribunal, Isabel Perelló, y ha mantenido un encuentro con esta y con una representación de la Sala de Gobierno formada por el vicepresidente del alto tribunal, Dimitry Berberoff, los presidentes de las Salas Segunda, Tercera y Quinta -Andrés Martínez Arrieta, Pablo Lucas y Jacobo Barja de Quiroga, respectivamente- y el magistrado de la Sala Cuarta Sebastián Moralo.

La delegación de la Comisión de Venecia estaba formada por su vicepresidenta Marta Cartabia, representante de Italia; y por sus miembros Regina Kiener, representante de Suiza, y François Senier, representante de Francia. También han asistido la directora y secretaria de la Comisión, Simona Granata-Menghini, y el jefe de división del Secretariado, Taras Pashuk.

La Comisión de Venecia es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional y tiene como función brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La propuesta del CGPJ sobre la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial fue aprobada por unanimidad en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de febrero.

El órgano de gobierno de los jueces cumplió así dentro de plazo el mandato del Parlamento establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley fue aprobada como parte del acuerdo para la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial que los dos partidos con mayor representación alcanzaron en Bruselas el 25 de junio de 2024, con la mediación de la Comisión Europea.

La ley otorgaba un plazo de seis meses computados desde su entrada en vigor –plazo que se cumplía el 6 de febrero– para que el Pleno del Consejo aprobara, por mayoría de tres quintos, un “informe” sobre los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español, y una “propuesta” de reforma del sistema de elección de los doce vocales designados “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”. Esta propuesta debía garantizar la “independencia” de los vocales así elegidos, la “participación directa de jueces y magistrados” en la elección, poder “ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea” y “establecer un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.

La propuesta fue remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, tal y como ordenaba la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, y también, según un acuerdo aprobado por el Pleno, a la Comisión de Venecia para que emitiera Opinión sobre la misma.