El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha tomado hoy conocimiento del informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género a partir de los resultados de una encuesta dirigida a los juzgados con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer y ha acordado dar traslado del mismo a los vocales territoriales con el fin de que se adopten las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de estos órganos judiciales. El Pleno también ha acordado poner el informe en conocimiento de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Los datos extraídos de las respuestas al cuestionario han servido para “detectar la existencia de carencias muy extendidas así como de importantes diferencias interterritoriales” y permiten que el Observatorio, “desde un conocimiento más preciso de la implantación real y el funcionamiento de los diferentes recursos” pueda “impulsar la adopción de medidas orientadas a remover los obstáculos que eventualmente puedan entorpecer la labor de los juzgados, y garantizar así una óptima respuesta institucional a las víctimas de violencia de género”. 

La encuesta, elaborada por el Observatorio, ha sido contestada durante los meses de febrero y marzo por cerca de la mitad de los jueces/as a los que iba dirigida, una muestra estadística que se considera suficiente para evaluar la situación de estos órganos judiciales a partir de la experiencia directa de sus titulares. 

Las preguntas dirigidas a los titulares de 477 órganos judiciales (121 Juzgados de Violencia sobre la Mujer; 314 juzgados compatibles y 42 Juzgados de lo Penal) versan sobre las instalaciones, los letrados de oficio con disponibilidad para actuar en este tipo de procedimientos, las Unidades de Valoración Forense Integral, la existencia o no de Oficina de Víctimas y de cursos para agresores, los dispositivos telemáticos y los medios personales. 

En relación con el primer bloque (instalaciones), el índice global de satisfacción es de 2,9 puntos (sobre un máximo de 5), siendo los de Baleares (2), seguidos por los de Andalucía (2,6) y Asturias (2,8) los jueces/as menos satisfechos. El 79 % de los órganos judiciales de toda España no cuentan con espacios específicos destinado a las víctimas y el 90,5 % no cuenta con punto de encuentro familiar. Asimismo, poco más de un tercio de las instalaciones (38,9 %) tienen salas de espera para víctimas acompañadas de menores y el 31,2 % dispone de cámara Gesell. 

Por tipo de órgano, son los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos los que muestran el índice de satisfacción más alto (3,1), seguidos de los juzgados de lo penal (2,9) y de los juzgados compatibles (2,7). 

La disponibilidad de letrados de oficio específicos para procedimientos de violencia sobre la mujer es elevada en todo el territorio, siendo el porcentaje medio de órganos judiciales que sí cuentan con ellos del 83,7 por ciento. El dato más negativo lo arroja Extremadura, con disponibilidad de letrados de oficio en el 58,3 % de los órganos judiciales. En el extremo contrario están Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid, en las que el 100 % de los juzgados cuentan con estos profesionales. Próximos al cien por cien, Aragón (92,9 %), Andalucía (92,5 %) y País Vasco (92,3 %). 

La satisfacción con las unidades de valoración forense integral obtiene una puntuación media de 2,9, siendo la crítica más frecuente el retraso en la emisión de los informes, en muchas ocasiones por la falta de profesionales que sufren dichas unidades. En el 44,3 % de los órganos judiciales, la demora media supera los seis meses. Las puntuaciones más bajas corresponden a Baleares (1,9) y Madrid (2,1), mientras que en Andalucía, Aragón y Navarra alcanzan los 3 puntos y los superan en Castilla-La Mancha (3,3), Cataluña (3,3), Comunidad Valenciana (3,5) y País Vasco (3,1). 

En relación con este asunto, la valoración más alta es la de los juzgados de lo penal. Sólo en el 20 % de este tipo de órganos la demora en la emisión de los informes supera los seis meses, circunstancia que se da en el 48,5 % de los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos y en el 44,3 % de los juzgados compatibles. 

Algo más de la mitad de los órganos judiciales (51,7 %) dispone de una Oficina de Asistencia a las Víctimas, siendo el índice medio de satisfacción en este punto del 3,8 por ciento. La valoración de los encuestados es positiva en la práctica totalidad de los territorios, siendo las puntuaciones más bajas las de baleares (2,8) y Canarias (3). Por encima de los cuatro puntos se han situado Navarra (4,7), Comunidad Valenciana (4,5), Galicia (4,3), La Rioja (4,2) y Cataluña (4,1). 

El índice de satisfacción medio de los jueces/as encuestados con los cursos para agresores es de 2,2 puntos, valoración que se corresponde con la falta de disponibilidad de este recurso en el 71,6 % de los órganos judiciales. Sólo en Baleares, Madrid y Navarra el porcentaje de órganos que no cuentan con cursos para agresores es inferior al 50 por ciento. 

Los dispositivos electrónicos obtienen también una baja puntuación media (2,2) entre los jueces/as. La “nota” más alta es la del País Vasco (2,9) y la más baja (1,7), la obtenida en Andalucía y Comunidad Valenciana. Las quejas más frecuentes se refieren a la demora en la instalación de los dispositivos que se solicitan, que en el 39,1 % de los casos es de entre tres y cinco horas y en el 30 por ciento, es superior a cinco horas. Además, el 69,4 % de los encuestados no está satisfecho con el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias con los dispositivos telemáticos. 

Finalmente, la satisfacción media de los jueces/as con los medios personales del órgano judicial es de 2,6. Las mejores valoraciones son las de Madrid (3,3) y Galicia (3) y las más negativas las de Castilla y León (2), Baleares (2,1) y Andalucía (2,2). En el 50,7 % de los órganos judiciales existe un alto índice de rotación del personal.