El Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial ha organizado el 2 de diciembre una jornada de estudio entre 28 jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Abogacía General del Estado centrada en el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Esta reforma entrará en vigor de forma inminente, ya que ha sido aprobada por las Cortes Generales, tras su aceptación definitiva por el Congreso en el pleno del pasado 28 de diciembre. Está pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por este motivo, el Servicio de Formación Continua convocó el 2 de diciembre las VIII Jornadas entre los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado para estudiar las novedades que introduce la nueva ley en el mercado español de bienes y servicios.

La jornada ha sido dirigida por Eduardo Ortega Martín, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y por Belén Triana Reyes, Abogada del Estado jefe de la Audiencia Nacional.

La jornada fue inaugurada por Miguel Temboury Redondo, Subsecretario de Economía y Competitividad, quien presentó el Proyecto de Ley a los asistentes.

Posteriormente, se abordó la reforma encaminada a garantizar la unidad de mercado en España desde distintas perspectivas, ponencia a cargo de María Luisa Álvarez Suárez, subdirectora general de Competencia y Regulación Económica.

La perspectiva judicial de la nueva Ley de Unidad de Mercado fue expuesta por Jesús Cudero Blas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Por su parte, Nieves Buisán García, magistrada de la misma sala, centró su ponencia en los aspectos procesales de la Ley de Unidad de Mercado.

Licencia única de ámbito nacional

Entre las novedades que introduce esta nueva legislación está la conocida como licencia única, esto es, la extensión a todo el mercado español de la autorización administrativa aprobada por una comunidad autónoma. De esta forma, esta licencia de eficacia nacional supone que no haya que pedir nuevos permisos en otras autonomías (por ejemplo, para abrir un establecimiento comercial).

Sin embargo, determinados servicios, como taxis, alquiler de vehículos u oficinas de farmacia, tendrán eficacia nacional limitada y continuarán sometidos a su actual régimen de autorización, según el Proyecto de Ley aprobado.

Lo mismo sucede con los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.

La nueva Ley incluye que las administraciones y entes públicos deberán remitir al Ministerio de Hacienda, en el plazo máximo de un año, toda la información que obre en su poder sobre los operadores económicos, establecimientos e instalaciones que sea necesaria para supervisar y controlar la aplicación del mercado único y de la licencia de eficacia nacional.

Nota: Esta noticia ha sido elaborada por Comunicación del Poder Judicial a los efectos informativos.