Madrid, 7 de julio de 2026.- 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de este departamento de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales.

En la reunión de hoy, la Permanente -que el pasado día 1 ya aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsidere esa decisión- ha acordado asimismo reiterar esa solicitud de reconsideración respecto de las medidas de refuerzo solicitadas en órganos judiciales especializados en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas), a la vista de las conclusiones del informe que el Servicio de Inspección ha elaborado sobre las consecuencias de esa decisión.

El informe, del que hoy ha tomado conocimiento la Comisión Permanente, señala que la denegación de renovación total o parcial de las comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia especializadas en esta materia supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año.

El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde el servicio de Inspección calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos; y Cataluña, con 2.400 asuntos solo en la provincia de Barcelona.

La Comisión Permanente ha acordado dar traslado del informe al Ministerio de Justicia.

El pasado día 1, la Permanente acordó por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España y mostró su preocupación por la situación generada, que obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.