El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al magistrado Antonio García Martínez para la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, donde ocupará la plaza que quedó vacante tras la jubilación de Eduardo Baena Ruiz.

García ha obtenido el voto de trece vocales, de los 21 posibles del Pleno. La también aspirante al puesto Mónica García de Yzaguirre ha obtenido uno. Siete vocales han votado en blanco.

El nuevo miembro de la Sala Primera del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial en febrero de 1990 y, antes de llegar a ser magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, destino que ocupa actualmente, estuvo destinado en juzgados de primera instancia e instrucción de Mieres, Getxo y Bilbao y, entre 1999 y 2003, en la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Ha sido profesor en la Universidad del País Vasco entre 2016 y 2019 y de la Universidad de Deusto del año 2001 al 2006 y preparador de opositores para las carreras judicial y fiscal en los ejercicios 2006/2007, 2009/2010 y de 2013 a 2015. También ha desarrollado una importante actividad docente como director y como ponente en cursos impartidos tanto en España como en otros países.

Entre otras publicaciones científicas, es autor de los títulos “Nueva Ley Concursal. Aspectos procesales de la sección de calificación” (2005), “Arrendamientos complejos” (2011), “Los jueces y el derecho de huelga” (2012), “El derecho a la libre expresión de los Jueces y el principio de imparcialidad judicial” (2015) o “La Jurisprudencia: 25 años del Tribunal Superior de Justicia en materia de Derecho civil vasco” (2016).
Es autor también de diversos trabajos presentados en actividades docentes y de formación sobre temas como el papel de los jueces en la actualidad, la interferencia entre la política y la justicia, la ética judicial, la legitimidad de las decisiones judiciales o las relaciones entre los medios de comunicación y los tribunales de justicia desde el punto de vista judicial.

Está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le fue concedida en junio de 2012. También le han sido otorgadas la Insignia de Oro del Consejo de Procuradores del País Vasco y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.