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La Comisión Permanente pide a las Salas de Gobierno de los TSJ que formulen propuestas de medidas de apoyo en un plazo de quince días
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy iniciar los trámites para poner en marcha un plan de choque en los órganos de la jurisdicción social con mayor pendencia o retraso en los señalamientos.
El acuerdo se ha adoptado a la vista del informe que la Comisión Permanente solicitó en su reunión del pasado 16 de septiembre al Servicio de Inspección para que identificara los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con más asuntos pendientes y/o con mayores tiempos de respuesta, después de que este servicio hubiera advertido de que la situación de los órganos de esta jurisdicción a nivel nacional y en su conjunto está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo y de que los tiempos de respuesta se habían incrementado ligeramente en el primer trimestre del año.
En la reunión de hoy, la Comisión Permanente ha acordado aprobar las bases de un plan de choque que se desarrollará mediante actuaciones inmediatas en las 50 plazas de la jurisdicción social con mayor pendencia y planes territoriales en los partidos judiciales más congestionados. El plan estará en vigor hasta la entrada en funcionamiento efectivo de las nuevas plazas judiciales creadas por el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, y de las que se creen en la programación de 2027, sin perjuicio de su revisión periódica.
Para ponerlo en marcha, la Permanente ha acordado dirigirse a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para que en un plazo de quince días formulen propuestas de medidas de apoyo conforme al artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las medidas de refuerzo recaerán preferentemente en jueces/zas de adscripción territorial, jueces/zas en prácticas o de refuerzo y magistrados/as de otras plazas sin sobrecarga de trabajo.
Las bases de plan de choque contemplan asimismo que una vez en vigor el plan de choque, en los órganos judiciales reforzados se dará preferencia a los despidos y demás modalidades de tramitación preferente, a las prestaciones de Seguridad Social de subsistencia y a la tutela de derechos fundamentales, adelantando los asuntos señalados por orden de antigüedad.
La Comisión Permanente ha acordado asimismo dirigirse al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías correspondientes de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia para que cubran con carácter prioritario las vacantes de los servicios comunes del área social, doten los medios necesarios para las medidas de apoyo que se aprueben y garanticen, antes del 1 de junio de 2027, la plantilla, las salas y los medios de las plazas de nueva creación.