Convenio para el estudio de los procesos de incapacidad

El trabajo de campo está destinado al análisis de sentencias y del diagnóstico de los enfermos con discapacidad cognitiva. El convenio ha sido firmado por el Consejo General del Poder Judicial, las fundaciones Sen y ACE, el Colegio de Médicos de Barcelona y la Obra Social de Catalunya Caixa. En España se plantearon el año pasado 24.000 procesos de incapacitación.

Firma del Convenio para el estudio de los procesos de incapacidad.
De izqda. a dcha., Ramón Camp (vocal del CGPJ), Mercè Boada (directora médica de la Fundació ACE), Jaume Padrós (vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona), Jerónimo Sancho Rieger (presidente de la Sociedad Española de Neurología), Sílvia Ventura (magistrada del Juzgado de Capacidad número 40 de Barcelona), Eugenio Rojas (Jefe de Dependencia y Centros Sociosanitarios de la Obra Social de CatalunyaCaixa), Lluís Tárraga Mestre (director General de Fundació ACE) y Jordi Matias-Guiu Guia (vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología).

El Consejo General del Poder Judicial ha firmado un convenio para colaborar en la puesta en marcha de un Observatorio sobre procesos de incapacidad destinado al análisis de las sentencias y del diagnóstico de los enfermos con discapacidad cognitiva junto a la Fundación Sen, la Fundación ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Obra Social de Catalunya Caixa.

El Convenio ha sido firmado por el vocal Ramón Camp i Batalla, en representación del CGPJ, así como por Jerónimo Sancho Rieger, presidente de la Fundación Sen; Llúis Tárraga i Mestre, director general de la Fundación ACE. Institut Català de Neurociéncies Aplicades y Marta Lacambra Puig, directora de la Obra Social de Cataluny Caixa.

El objeto es la elaboración de un proyecto de campo sobre el proceso de incapacitación, centrado en conocer el grado de satisfacción y los beneficios obtenidos con las sentencias, que sirva para dar a conocer a las autoridades los puntos fuertes y débiles de los actuales procesos de incapacitación y de la documentación especializada aportadas en las causas judiciales que sirven de fundamento a las sentencias que se dictan, en la línea que se propone en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas que sufren Discapacidad.

 

Los trabajos se centrarán en tres ámbitos: el estudio para avanzar en la determinación de los informes y elementos que se entregan en los juzgados para poder declarar la incapacidad con un conocimiento facultativo más ajustado; los protocolos a seguir por los especialistas médicos con el fin de mejorar el procedimiento judicial, y el diagnóstico con las posibles modificaciones legislativas a abordar, si fueran necesarias.

El protocolo se firma por dos años, y durante este tiempo se elaborará un proyecto de campo para el análisis de sentencias extraídas de diversos juzgados especializados en incapacidades.

En 2010 se plantearon cerca de 24.000 procesos de incapacitación, de los cuales solo se desestimaron 170. En la mayor parte recayó una sentencia de incapacitación total.

Los procesos clínicos que desembocan en una incapacitación son muchos y muy diversos. De forma mayoritaria afecta a las personas mayores, donde se incluyen aquellas enfermedades neurodegenerativas que en su proceso evolutivo causan demencia.