La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el segundo documento de trabajo sobre "Medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables para el Plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma" y ha acordado su remisión al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y a los Consejos Generales de la Abogacía Española, de Procuradores de España y de Graduados Sociales de España, a los efectos oportunos.

El texto es el resultado de un proceso participativo a partir del primer documento de trabajo del que la Comisión Permanente tomó conocimiento el pasado 16 de abril y que fue elaborado, bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, por uno de los grupos de trabajo técnicos constituidos bajo la dirección de los vocales del Consejo e integrados por letrados del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Ese primer documento de trabajo -que incluía un total de 24 medidas, tanto de carácter general como específicas para los distintos colectivos afectados- se trasladó a todos los sectores e instancias implicados, esto es, al criterio de los órganos jurisdiccionales, de las asociaciones judiciales y de los colegios profesionales afectados, que fueron debidamente consultados para que pudieran hacer las aportaciones y observaciones que consideraran pertinentes respecto a las medidas planteadas, e incluso realizar nuevas propuestas.

Así, el bloque de medidas que finalmente se recogen en el texto cuenta con observaciones o iniciativas de procedencias muy diversas, ya que entre las instituciones y entidades que han hecho llegar sus observaciones al CGPJ figuran los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Navarra; las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente; el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Barcelona; el Consejo General de Procuradores de España; la Fundación Aequitas; el Ministerio de Políticas Sociales y Agenda; CERMI; Plena Inclusión España; los delegados de Discapacidad en Cataluña y Aragón; Themis-Asociación de Mujeres Juristas; el Instituto de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; la Plataforma del Tercer Sector y la Asociación de Letrados de Entidades Locales de España.

21 propuestas

El análisis detallado de todas las aportaciones recibidas se traduce en un conjunto de 21 propuestas, frente a las 24 que contenía el documento inicial.

Se han eliminado cinco propuestas en vista de las objeciones planteadas en los informes recibidos, se han mantenido sin cambios siete, se han introducido modificaciones en otras doce y se han incorporado dos medidas nuevas.

En todas y cada una de las medidas sometidas a consideración se ha seguido la misma sistemática, consistente en indicar, incluso en aquellas propuestas en las que se ha decidido su eliminación, cuál ha sido la decisión adoptada y su justificación, argumentando en cada caso el motivo de los cambios introducidos respecto de la versión inicial. En el caso de propuestas de reforma normativa, se recoge igualmente la redacción definitiva que se plantea.